EL Gobierno Vasco ha reconocido como víctima del terrorismo institucional a Mikel Zabalza. Es sin duda, una gran noticia que no evita una amarga reflexión. Para empezar, es desazonador que hayan tenido que pasar 36 años para certificar algo tan clamorosamente evidente. Desde el mismo instante en que el cuerpo del navarro apareció en el río Bidasoa con las manos esposadas a la espalda, 19 días después de su detención y traslado al cuartel donostiarra de Intxaurrondo, todos sabíamos lo que pasó. Tampoco había que ser un lince. Era un secreto a voces el trato que se dispensaba a los que daban con sus huesos en las siniestras dependencias beneméritas.

Además, el vomitivo ministro de Interior del gobierno del PSOE, José Barrionuevo, lo había anunciado chulescamente en el Congreso ante la denuncia de la ausencia de noticias sobre el paradero del conductor de autobuses: "Aparecerá o será encontrado". Por si faltara algo, hace unos meses escuchamos con un nudo en la garganta la grabación en la que el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto le decía al entonces jefe del CESID, Juan Alberto Perote, que a los torturadores "Se les ha ido la mano, se les ha quedado en el interrogatorio".

Con tal avalancha de datos irrefutables, el reconocimiento como víctima por parte del Estado debería haber sido de oficio. Pero este es el minuto en que España da por buena la abracadabrante versión oficial según la cual, Zabalza huyó -¡con las manos esposadas a la espalda!- y tras recorrer un buen número de kilómetros, cayó al río y se ahogó. Tras este paso del Gobierno Vasco, el español debería reparar la descomunal injusticia.