i no encerrara decenas de miles de dramas, resultaría una historia chusca, a la altura del partido y la institución judicial que la han protagonizado. En marzo de 2020, Vox exigió la suspensión de la agenda del Congreso "hasta que las autoridades sanitarias certifiquen que se ha recuperado el control y no haya riesgo para la salud". Y los abascálidos no se quedaron ahí. Dado que uno de los primeros diputados en contagiarse fue Javier García Smith, alias Geyperman, sus 51 compañeros se ausentaron del hemiciclo y provocaron la suspensión de un pleno. En las audiotecas consta el cabreo de la todavía por entonces vocinglera mayor del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. "El Congreso no se pone en cuarentena. Eso es inaceptable e inasumible. Los parlamentos no se cierran ni en una guerra", proclamó la hoy outsider genovesa, afeando la actitud sus aliados requetediestros. Poco después, una vez reducida hasta lo sanitariamente razonable la agenda de las Cortes, a Vox se le inflamó la vena y se plantó en el Tribunal Constitucional a presentar recurso de amparo contra el cierre... que nunca fue total.
Como saben, lo penúltimo es que la altísima magistratura ha tumbado esa clausura que no lo fue por seis votos a cuatro. Un togado conservador -qué raro, ¿verdad?- cambió a última hora de opinión y deshizo el empate. El argumento es que el Congreso impidió el desempeño de las funciones de los diputados, cuando debió hacerlas compatibles con las medidas para frenar la pandemia. Otra vez muletazos de adorno a toro pasado. Ya puestos, la parte carca del Constitucional debería fallar contra el propio órgano porque también suspendió su actividad.
