ntre la pandemia y la pereza creciente que nos da echar la vista atrás se nos está yendo por una esquinita de la actualidad el juicio por el sumario 13/13 que se está celebrando en la siniestra Audiencia Nacional. Se sientan en el banquillo ocho personas acusadas de formar el llamado frente jurídico de ETA. Dos de ellas, Naia Zuriarrain y Saioa Agirre, ofrecieron el martes un relato escalofriante de las torturas que sufrieron en el momento de sus respectivas detenciones. La primera contó que, después de advertirle de que lo pasaría mal si contaba algo, le echaron agua fría por la cabeza y pusieron una bolsa de plástico para dificultarle la respiración. A Agirre le amenazaron con que tras su paso por las dependencias policiales no podría ser madre y le sometieron a diferentes vejaciones sexuales. Todo esto fue denunciado en su momento ante el juez instructor del sumario, Fernando Grande-Marlaska. Fiel a su costumbre, el todavía hoy ministro de Interior miró hacia otro lado.
Desde estas líneas dejo constancia de que doy total credibilidad a los dos testimonios. Por supuesto, condeno sin paliativos los hechos denunciados, muestro mi solidaridad con las mujeres que sufrieron semejante trato inhumano, insto a pronunciarse a quienes siempre llevan en la boca la defensa de los derechos básicos y añado que, hayan pasado los años que hayan pasado, se hace imprescindible una investigación que esclarezca lo sucedido y si se demuestra la veracidad, se imponga a los torturadores la pena que corresponda. Es exactamente lo que hago ante cada vulneración de los Derechos Humanos, independientemente de quien la perpetre.
