La justicia sigue siendo “distante e inaccesible” para colectivos alaveses con discapacidad, ya sea por las barreras arquitectónicas de sus sedes, por la forma en la que se relacionan con ellos que les "ignora" o por un lenguaje que además de ser “incomprensible” discrimina por género y por términos obsoletos como “minusválido”.
Un ejemplo de ello es el mismo Palacio de Justicia de Vitoria, que “aunque parece muy moderno a simple vista”, su entrada sigue siendo infranqueable para las personas que van en silla de ruedas o muletas.
"Las puertas tendrían que estar automatizadas porque si son pesadas, y no se abren automáticamente, es una barrera para nuestro colectivo y nosotros defendemos la autonomía personal"
“Las puertas tendrían que estar automatizadas porque si son pesadas, y no se abren automáticamente, es una barrera para nuestro colectivo y nosotros defendemos la autonomía personal. No que tengas que ir acompañada siempre o que tengas que pedir ayuda para entrar a un sitio. Además, en sus accesos también faltan plazas de aparcamiento reservadas”.
Es la denuncia de Elena Ávalos, trabajadora social, de Eginaren Eginez, la agrupación de personas con discapacidad física en Álava, creada en 1979 y que en la actualidad tiene 1.572 personas asociadas, 948 hombres y 614 mujeres.
Controles de seguridad
Ya en su interior, los obstáculos persisten cuando pasan por un control alternativo de seguridad “y en la medida que tienes que hacerlo por otro acceso, distinto al resto de personas, ya se están marcando la discriminación. Los accesos tienen que ser los mismos, pero adaptados”.
- "Mayor representación y participación" en el ámbito judicial
Nerea Melgosa, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, ha participado este martes en la jornada El acceso a la justicia de las personas con discapacidad: derechos avances y retos, organizada en el Palacio Europa de Vitoria por Edeka, la coordinadora vasca de representantes de personas con discapacidad.
Su objetivo era analizar las dificultades a las que se enfrenta este colectivo en el acceso a la estructura judicial en Euskadi, así como las posibles soluciones desde las instituciones públicas y los operadores jurídicos.
En este sentido, Melgosa ha señalado “la necesidad de lograr una mayor representación y participación de las personas en situación de discapacidad en los procedimientos legales y en las diversas funciones de la Administración de Justicia, un imperativo democrático que involucra y refleja todas las facetas de la sociedad y, de hecho, da forma a la sociedad en que vivimos”.
Lo ha hecho tras advertir de que las “leyes, los procedimientos y las prácticas” en este ámbito “siguen discriminando” a estos ciudadanos.
En las salas
Y se vuelven a repetir ante la falta de accesibilidad en sus salas, cuando “algunos juristas o magistrados ignoran a la persona con discapacidad, al dirigirse únicamente a su representación letrada”, ilustra Ávalos.
Otro impedimento es el lenguaje jurídico, “que falta actualizarlo” para evitar discriminaciones de género y de discapacidad. Para evitarlo, su asociación colaboró recientemente con el Departamento de Justicia del Gobierno con el fin de elaborar el Plan de acceso a la justicia para las personas con discapacidad, que tiene un plazo de ejecución de tres años, hasta 2026.
El Plan de Acceso a la Justicia del Gobierno Vasco para las personas con discapacidad tiene un tiempo de ejecución de tres años, hasta 2026.
Entre las acciones concretas se prevé la inversión de un total de 1.490.000 euros en la mejora de la accesibilidad de las sedes judiciales.
Otra línea de actuación se centrará en la elaboración de un protocolo específico en la asistencia a personas con discapacidad detenidas, tanto en sede policial como en judicial facilitar la disponibilidad de los apoyos necesarios en los procedimientos judiciales.
El pasado junio culminó la fase de aportaciones del Plan de Acción con la creación de un foro permanente que velará por el cumplimiento de los acuerdos.
“Nosotros hemos detectado que una de las barreras es la terminología del lenguaje jurídico. Hemos hecho aportaciones para que el lenguaje se modernice y actualice porque se utilizan términos obsoletos tanto en perspectiva de género como en diversidad funcional. El término minusválido ya no se puede utilizar, está erradicado, pero todavía sigue apareciendo, por lo que hay que usar personas con discapacidad o con diversidad funcional", precisa.
En cuanto al lenguaje no sexista "es porque la justicia no ha evolucionado como la sociedad y el que se utiliza todavía lo sigue haciendo en masculino”.
Por fortuna, como Eginaren Eginez es de utilidad pública cuenta con un servicio de justicia gratuita, gracias a que “el Ayuntamiento de Vitoria sí que entendió la necesidad de defensa de los derechos del colectivo y tenemos un convenio de asesoría jurídica. Muchas personas hacen uso de este servicio”.
“De forma enrevesada”
Desde Eginaren Eginez también han promovido una iniciativa para que se adapte el lenguaje jurídico, ya de por sí difícil para la población en general.
“Las personas acuden a la asociación preocupadas, agobiadas y despistadas porque no entienden lo que dicen los estamentos jurídicos. La justicia también está presente en las administraciones públicas porque los equipos jurídicos también están en las instituciones y aquí acuden hasta con una resolución de la Diputación que les resultad difícil entender. Es habitual que nos pidan ayuda porque lo que se puede decir de una forma sencilla, a veces se dice de una forma enrevesada. Creemos que hay que trabajar este tema porque a veces la justicia es un poco distante con las personas con discapacidad”, lamenta.
Discapacidad intelectual
Y lo mismo opina Ana Peñacoba, directora-gerente de Apdema, la asociación alavesa que desde 1962 trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, y que representa a 1.500 familias, “porque es un serio problema el poder llegar a comprender y entender a lo que se están enfrentando y cuáles son también las resoluciones, sentencias, dictámenes, al ser el lenguaje jurídico también complicado”.
"Que quien administre la justicia sea conocedor de qué es la discapacidad intelectual, cómo relacionarse y hacerse entender”.
Aparte, Peñacoba también reclama que quien administre la justicia “sea conocedor de qué es la discapacidad intelectual, cómo relacionarse y hacerse entender”.
