La sostenibilidad se ha convertido en uno de los principales desafíos del sector agroalimentario y este reto viene acompañado de legislación con el objetivo de poder llevarlo a cabo. En este sentido, la nueva norma IFS ESG, elaborada por International Featured Standards (IFS), tiene como objetivo integrar la sostenibilidad en las prácticas diarias de las empresas.
El objetivo de IFS ha sido crear “una norma asequible, que le sirva a cualquier empresa que quiera empezar a trabajar con sostenibilidad y la debida diligencia”, tal y como advirtió Helga Barrios, Head Of Sustainability de IFS, en el webinar ‘Presentación de la norma IFS ESG’ organizado por CNTA el pasado 6 de junio.
La experta de IFS destaca la interconexión entre seguridad alimentaria y sostenibilidad y considera que se debe “concienciar” en ambos aspectos, ya que “las organizaciones necesitan herramientas, educación, cooperación entre las partes y buenas políticas para alcanzar los objetivos sostenibles y de seguridad”.
La nueva normativa viene aparejada a un programa de desarrollo voluntario para las empresas basado en la mejora continua
Esta nueva norma viene aparejada a un programa de desarrollo, que por el momento cuenta con un módulo general de ESG Check, otro módulo adicional sobre huella de carbono, y un próximo módulo que está preparándose sobre transparencia de la cadena de suministro. Este programa pone el énfasis en “la mejora continua” y se trata de una actividad “voluntaria para las empresas”, tal y como remarca Barrios. Aunque no está “acreditado”, es combinable con las diferentes auditorías IFS, como la Food V8, explica.
IFS ESG evalúa, además, la implementación de un sistema de gestión de la sostenibilidad. Para ello tiene en cuenta aspectos como el compromiso de la dirección; la integración de criterios ESG -buen gobierno, parte social y medioambiental- en la política de la empresa; la identificación de impactos negativos en el entorno, las personas, los derechos humanos y el medio ambiente, y la inclusión de planes de prevención, mitigación y remediación de esos impactos negativos; tener mecanismos de reclamación; e identificar los grupos de interés en los que se quiere actuar y tener una comunicación fluida y eficaz con estos grupos.
Proceso de evaluación
Las empresas que quieran ser auditadas con esta norma, tendrán que realizar, en primer lugar, una autoevaluación de los requisitos básicos, que deberán enviar a un auditor catorce días antes de la evaluación. Posteriormente, la empresa certificadora realizará una verificación ‘in situ’ en la que, entre otros aspectos, se observará “el compromiso de la dirección en temas ambientales, sociales y de buen gobierno, además de los diferentes impactos adversos que genere su actividad”, tal y como detalló David Verano, director de Certificación de Kiwa, en su participación en el webinar.
La directiva de debida diligencia aprobada por el parlamento europeo será de obligada aplicación en empresas con más de 250 empleados
Tal y como destacan ambos expertos, en esta norma cobra especial importancia la ‘Debida Diligencia’, un concepto relacionado con la voluntad de las empresas por cumplir con los principios marcados por las Naciones Unidas. Y para garantizar esa ‘voluntad’ ya se han aprobado leyes en diversos países con el objetivo de que las empresas gestionen de forma proactiva los efectos negativos reales y potenciales que podrían causar sus actividades sobre el medio ambiente y sobre los derechos humanos, mediante los correspondientes planes para prevenir y mitigar las posibles infracciones.
En Europa, se reforzó este compromiso tras la aprobación, en febrero de 2022, de la ‘Propuesta de Directiva sobre la Debida Diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad’ para “fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de suministro”. Y hace unos días, el pasado 1 de junio, el Parlamento Europeo ha votado a favor del Proyecto de la Directiva de Debida Diligencia.
Directiva de Debida Diligencia
La nueva Directiva de Debida Diligencia será de obligada aplicación en grandes empresas “con más de 250 empleados”, si bien aún “se está a expensas de cómo se va a trasponer la Debida Diligencia en las diferentes legislaciones nacionales de Europa”, tal y como advierte Eva Jiménez, técnica de Seguridad Alimentaria y Formación de CNTA.
Los principales objetivos de la Directiva de Debida Diligencia son mejorar las prácticas de gobernanza empresarial; aumentar la responsabilidad de las empresas por los efectos adversos que se puedan cometer; y mejorar el acceso a las vías de recurso para las personas afectadas por los efectos adversos.
Se trata de una normativa que está enfocada en “desarrollar políticas de empresa en materia de sostenibilidad, identificar los efectos negativos en derechos humanos y sostenibilidad de las empresas, prevenir y mitigar esos efectos negativos, elaborar un procedimiento de denuncia, supervisar la eficacia de las acciones propuestas y realizar comunicación pública de las acciones”, detalla Jiménez.
