La sucesión de publicaciones de resultados del buen desempeño de las grandes empresas debería servir para contextualizar correctamente el debate sobre su fiscalidad. Partimos de un escenario en el que la aportación fiscal de los sectores energético y bancario es ya muy importante. El sector financiero es central en la generación de riqueza en tanto sostiene una actividad que, dependiendo solo de recursos propios, estaría atomizada y al ralentí. Lo que no quita para que el crecimiento de sus beneficios también se sustente en un entorno que genera actividad, que estabiliza esa actividad y que se ve favorecido por una estructuración de la misma y del conjunto de la sociedad. Esto requiere a su vez recursos públicos, de todos, para dar esa estabilidad que favorece el crecimiento del negocio bancario. Igualmente, la energía es sector tractor que favorece el crecimiento por el empleo que crea y mantiene y por facilitar el funcionamiento de la actividad. Una tracción también vinculada al disfrute del mismo entorno de estabilidad social, jurídica y económica, infraestructuras y mecanismos de progreso social que se residencian en la acción de los poderes públicos. No es descabellado aportar a su sustento en equilibrio con el beneficio que obtiene de ello. No se trata de incautar beneficios sino de colaborar a mantener el entorno socioeconómico que los propicia. La alusión a buscar otros entornos en base al coste-beneficio se alimenta del marco global de la economía, que conduce muchas veces a la disyuntiva de menor presión fiscal o pérdida de inversiones. La ecuación de inversión, coste fiscal y beneficios puede resultar más teórica que real. El impacto objetivo de una fiscalidad que obtenga más recursos de grandes multinacionales y empresas de crecimiento extraordinario debe contemplar el rendimiento del entorno favorecedor que sostiene ese coste fiscal. La estabilidad social, seguridad jurídica y mercados estructurados con una demanda sostenible tienen un coste colectivo y, en consecuencia, solidario. El resto son trampas al solitario. No es factible un modelo de incautación del margen de beneficio que lastre la actividad económica estable y el crecimiento que genera empleo e innovación. Y tampoco consolidar rendimientos extraordinarios sin aportar de modo corresponsable parte del excedente.