El anuncio de una reducción con carácter general de la tasa de alcohol admitida legalmente para conducir vehículos a 0,2 gramos por litro de sangre, menos de la mitad de la cantidad fijada hasta la fecha –0,5 gramos– sitúa de hecho su consumo fuera de las carreteras. La actual normativa de seguridad vial ya establece esa referencia máxima –equivalente a 0,1 miligramos por litro de aire espirado, que es el procedimiento de medición habitual en los controles de alcoholemia– en el caso de los conductores de autobús pero incluso en el resto de profesionales del transporte admite 0,3 gramos. La iniciativa del Gobierno español, más allá del ejercicio coercitivo que la acompañará en forma de sanción por el desborde de los límites, exigirá una participación, un compromiso social que hasta la fecha no ha sido el suficiente para gestionar con responsabilidad el consumo de una sustancia que resulta adictiva pero que es legal y está socialmente considerada. Una mal entendida percepción de la libertad se instaló en su día en el discurso de las sensibilidades políticas más conservadoras –baste recordar al expresidente José María Aznar rechazando en público en 2010 que se impongan límites al consumo de alcohol “mientras no haga daño a nadie”–. Los criterios de seguridad en la convivencia no son un mero ejercicio de autocontrol y voluntad individual. Esta no ha evitado que uno de cada tres fallecidos el pasado año en las carreteras del Estado presentaran tasas de alcoholemia superiores a 0,3 gramos en sangre, ni que el alcohol esté presente en al menos un 15% y hasta un 30% –dependiendo de la fuente estadística– de las muertes en accidente laboral. Puestos a resumir la petición de responsabilidad, el mensaje más claro es eliminar definitivamente de la ecuación de la conducción el consumo de alcohol y asimilar socialmente que ninguna cantidad es segura en caso de tener que circular a los mandos de cualquier vehículo. Los estudios científicos sobre afectación del volumen de alcohol consumido en función de género, peso y edad pueden dar lugar a una diversidad de opiniones sobre el grado de ralentización de reflejos y limitaciones de la percepción de cada persona, pero la citada estadística de sus consecuencias, no. Y no cabe manipular el debate orientándolo a una cuestión de libertad individual cuando se trata de seguridad colectiva.