Se ha entrado en una espiral de deterioro institucional y de los usos y formas de la actividad política en democracia que debe parar. Uno de los factores que están lesionando gravemente la confianza ciudadana en las instituciones es la percepción de que todas ellas sean terreno de juego de intereses partidistas. Incluido el Poder Judicial y su función de arbitraje. Tras el ciclo de judicialización de la política, hay una tendencia a perversa a politizar la actuación de la Justicia. El pulso entre el juez Peinado y el presidente Sánchez contiene aspectos que se deberían explicar con más claridad. La acción del juez debe ser libre y no sometida a presión; si considera que existen elementos de delito, es su obligación incidir en su investigación. Pero, igualmente, la gravedad de una instrucción penal exige un rigor que no parece estar siendo escrupulosamente aplicado. Sin informes policiales que apoyen la existencia de un delito; con una praxis cuestionable que sitúa a los testigos en indefensión formal ante el juez para pasar a convertirlos en investigados a continuación; con un celo desorbitado por la escenografía y la exposición pública de los interrogados y un aspecto de causa general contra la actividad profesional y privada de Begoña Gómez por falta de concreción en la descripción de lo investigado, la instrucción de Peinado tiene más sombras que luces. Siempre es necesario que los cargos públicos y su entorno eviten suscitar dudas sobre su legalidad o corrección ética y su regulación puede ser oportuna. Puede y debe estar sometida a la sanción política si se evidencia un mal desempeño y a la judicial si se desliza al delito. Pero no es oportuno que se mezclen los usos de ambos. El procedimiento penal es riguroso y tasado y no cumplir sus parámetros redunda muchas veces en indefensión. Y, en ocasiones, la pena de banquillo, la exposición pública, se produce sin un fondo penal que lo sustente pero produce un deterioro a ojos de la ciudadanía y crea estados de opinión. El responsable del procedimiento es el juez y a él compete evitar esos vicios. Si hay algo peor que la percepción social de un Poder Ejecutivo que desborda la ética o de un legislativo arbitrario –que al fin y al cabo están sometidos al escrutinio de las urnas– es la de un Poder Judicial que maneja sus herramientas con criterios ideológicos o caprichosos.
