Hay un auge constatable del alquiler vacacional por el incremento del turismo como uso favorito del ocio y tiempo libre. Como en cada práctica que implica a particulares, es difícil poner puertas al campo y la autorregulación de oferta y demanda propicia la saturación de viviendas turísticas en áreas concretas o el encarecimiento de los alquileres residenciales. La normativa probada hasta la fecha ha permitido solo relativamente conducir hacia la sostenibilidad el modelo y el conocimiento objetivo de la dimensión e impacto de esta práctica se antoja imprescindible para disponer de medidas eficientes más allá del debate ideológico. La multiplicación del alquiler vacacional responde a una demanda más económica o cómoda que las opciones tradicionales –hoteles, pensiones, casas rurales o campings– para poder desplazarse fuera de la residencia. En demasiadas ocasiones el diagnóstico sobre su incidencia consiste en blindar la práctica o en criminalizarla. Los casos de saturación tienen consecuencias medibles. Consecuencias como la dificultad de acceso de la población local a vivienda en determinadas áreas tanto por el incremento de precios de alquiler y propiedad como por la merma de la oferta. Se trata de efectos localizados. El número de viviendas de alquiler vacacional ronda las 4.500 en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y poco más de 1.200 en la Foral de Navarra. Frente a ello, la oferta de alquiler público supera las 27.000 viviendas en la CAPV –con planes de duplicarlas para 2036– y las 11.000 en Navarra. La inflación de los precios de la vivienda vacacional no es desdeñable, pero tampoco explica la dimensión del problema ni su desaparición lo solventaría. En consecuencia, es preciso que las respuestas quirúrgicas que sin duda precisan situaciones de saturación identificables no oculten los límites reales de eficiencia de algunas medidas. No se trata, por ejemplo, de cuestionar las intenciones de la Ley estatal de Vivienda por su ideología sino de constatar que, en materia de alquiler, no ha impedido que la oferta se reduzca en un 30% y el precio se haya elevado en un 12%. Con un 95% del parque en manos de pequeños propietarios y no de grandes inversores, se debe hilar más fino para garantizar el derecho a la vivienda, el acceso al alquiler y una práctica turística razonable y sostenible.