Afrontar con el amparo de la administración pública el problema de los abusos a menores es oportuno y necesario. Reconocer, respaldar, resarcir y visibilizar a sus víctimas en el seno de la Iglesia es un modo de prevenir, de formar y de sensibilizar al conjunto de la sociedad en la dimensión del problema. En ese sentido, el plan aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez debe cumplir una función que desborde la mera indemnización económica, aunque esta sea oportuna. La base de las iniciativas a implementar es el informe del Defensor del Pueblo que cifra nada menos que en unas 440.000 las personas que podrían haber sufrido abusos cuando eran menores en el seno de las instituciones regentadas por la Iglesia católica. Una cifra cuyo debate no debería distraer del objetivo fundamental de afrontar un problema que afecta al colectivo social más indefenso: las niñas y niños. El diagnóstico se basa en un estudio estadístico, lo que puede dar una sensación de menor certeza. De hecho, de la misma encuesta a 8.000 personas se deduce que más de 4,5 millones de menores habrían sido víctimas de algún tipo de abuso sexual: uno de cada nueve ciudadanos del Estado. Pero, con independencia de lo atinado o no del cálculo, la dimensión del problema es objetiva, demanda una respuesta colectiva y apela a la administración a canalizar los mecanismos de prevención, control, reconocimiento y reparación. Será oportuno evitar un efecto catártico, que minimice la gravedad del abuso, al proyectarlo únicamente hacia la Iglesia dejando fuera de foco al 90% de las víctimas presumidas en el informe del Defensor del Pueblo. Tan erróneo sería ese efecto como el bloqueo de los pasos a por las estructuras eclesiales y su participación en el resarcimiento. Porque no hablamos solo de indemnizaciones, pero también; no solo de pedir perdón, pero también; no solo de control interno, pero también. En ese sentido, la Conferencia Episcopal ha dado señales contradictorias de compromiso de afrontar el asunto no siempre igual de firme. Su propio informe, encargado a una firma de abogados y que cifra en poco más de 2.000 los casos, ha sido enmendado a la baja en el pasado por la jerarquía de la Iglesia española. El compromiso debe ser colectivo y la respuesta, integral y de alcance más amplio que el descrito.