El acuerdo sobre política migratoria consensuado entre los socios de la Unión Europea, la Comisión y la Eurocámara ha llegado tras dos años de bloqueo y refleja las circunstancias y dificultades de acomodar intereses diversos. En ese sentido, el resultado deja luces y sombras por la sensación de que va a servir más para destensionar las relaciones internas entre los países miembros de la Unión –que no es objetivo menor– que para dar respuestas útiles al drama humanitario de las migraciones masivas hacia Europa. El acuerdo es en sí mismo un pacto de procedimientos en el que se intenta conjugar la estrategia de protección de las fronteras exteriores –que reclama la línea dura de las políticas antiinmigración– con la acogida de refugiados –que exige el derecho internacional– y la gestión del retorno de aquellos que no sean elegibles como tales. El primero y tercero de estos aspectos acaba por condicionar el tratamiento del segundo hasta endurecer las condiciones de la acogida. El acuerdo lo debe ratificar por la Eurocámara antes de su renovación en junio aunque, siendo sus representantes parte del mismo, se anticipa su aprobación. Es un avance el reparto de responsabilidades de acogida que aliviará a los países ribereños del Mediterráneo. Pero la posibilidad de pagar por el rechazo de los migrantes puede generar una discriminación en tanto, tras haber sido imposible fijar un sistema de cuotas equitativas, solo los miembros con recursos podrán hacerlo y el resto seguirán siendo receptores: aunque se comparta el impacto económico, el tensionamiento de sus servicios de asistencia no está completamente resuelto. Más sombras proyecta el tratamiento de los menores migrantes que, en aras de la seguridad, serán tratados como adultos, fichados con captación de huellas desde los seis años y con riesgo de ser, en la práctica, sometidos a procesos de detención en frontera. Si polémico resulta este aspecto, con denuncias razonadas por las organizaciones humanitarias, también lo es que se contemple la derogación de las reglas de asilo en caso de llegadas masivas que se consideren inducidas. Es claro que el fenómeno migratorio no es gestionable con una estrategia de puertas abiertas que tampoco otros países aplican a los naturales de la UE. Pero tampoco hallará respuesta si se olvida atender a sus razones.
