Los fenómenos de las violencias machista e intrafamiliar registraron un repunte en 2022 que debe mover al escándalo, la reacción social y la repulsa comunitaria que señale y combata una lacra insoportable. Casi 33.000 mujeres viven en todo el Estado sometidas a protección personal o amparadas por medidas cautelares por la amenaza de sus parejas o exparejas. En demasiadas ocasiones, el amparo judicial para las mujeres no es suficiente ante la voluntad de muchos agresores de eludir su acción preventiva. No es un fenómeno ajeno, por mucho que la incidencia en las comunidades Autónoma Vasca y Foral Navarra sea inferior a la media del Estado, fijada en 1,5 víctimas de violencia de género por cada mil mujeres. Las tasas de 1,2 por 1.000 que registra Navarra y de 0,8 por 1.000 –la más baja del entorno– de la CAV no son consuelo si se atiende a que 338 mujeres en la primera y 783 en la segunda viven protegidas. La pública reprobación a posteriori de cada acción contra las mujeres sigue siendo más necesaria que nunca pero obviamente insuficiente. La tolerancia cero hacia la consideración de la violencia, el desprecio o la amenaza en las relaciones sociales y personales no es suficientemente contundente en atención al incremento de casos de violencia machista –un 8,3% más de medidas cautelares que el año anterior–. La lucha contra este enemigo de la convivencia debe contar con los recursos oportunos, aunque a nadie se le escapa que el terrorismo emocional y coercitivo de las relaciones tóxicas, que se imponen por la fuerza sobre la voluntad ajena, no se combate solo con medios policiales ni judiciales. Del mismo modo, el falso debate de la responsabilidad de la víctima debe sustituirse por las herramientas sociales que permitan empoderar a cada persona. En ese sentido, la solución no puede ser la tutela permanente de las personas por parte de las administraciones, pues en demasiadas ocasiones la debilidad de la víctima también se manifiesta en forma de dependencia emocional de sus agresores con terribles consecuencias. La red protectora frente a estas y otras victimizaciones empieza en el entorno cercano de las personas, estructurando espacios de seguridad y acompañamiento que permitan prevenir, formar en la detección de riesgos para permitir la intervención de las estructuras públicas.