El factor diferencial de la respuesta pública a los vaivenes acumulados de la pandemia covid, la crisis de suministros y los costes económicos de la inestabilidad energética es la disponibilidad de un ambicioso programa de fondos europeos con los que sufragar iniciativas de transformación de las economías de la Unión Europea. Una fórmula sin precedentes que ha abierto la expectativa de reactivar la actividad económica en sectores diversos a los que acercar a la vanguardia tecnológica, sanitarios, medioambientales y energéticos. La gestión del proceso requiere de agilidad y acierto y estos parámetros implican el uso de mecanismos contrastados para la gestión administrativa en la selección y financiación de proyectos, así como de un conocimiento real y práctico de las capacidades del tejido económico. Sin embargo, la tentación de hacer de este potencial una herramienta de gestión exclusiva por el Gobierno del Estado puede llevar al traste su potencial. La administración española carece de los mecanismos directos y de la capacidad de identificar las especificidades del tejido económico diverso en perfiles diferentes en función del territorio. Esto debería haberle llevado a la conclusión lógica de incorporar a quienes son conocedores del mismo –las administraciones autonómicas– como participantes directos en el proceso de identificación de sectores, valoración de proyectos y asignación de recursos y no en meros receptores de las cuantías ya predefinidas y cribadas por la administración del Estado, que prescinde del modelo descentralizado en el que está organizado el Estado. Con diferentes niveles competenciales, normativos y de ejecución, en materias diversas –y la financiera y fiscal específicas de la Comunidad Autónoma Vasca y la Foral Navarra no es la menor– hacer tabla rasa es una apuesta ilógica. La unilateralidad del proceso de decisión provoca que la llegada de la inversión al tejido económico sea muy difícil, se lleve sorpresas en la fase final de ejecución de fondos y cierre la puerta a amplísimos colectivos de pymes que, siendo vanguardia en innovación, quedan orillados por el sistema de selección y adjudicación. La experiencia de las administraciones autonómicas serviría para agilizar el diseño de proyectos, selección y ejecución de fondos pero su papel se reduce a un trágala de decisiones no contrastadas previamente.
