La confirmación de que finalmente el Gobierno español, pese a las fuertes resistencias del sector de Unidas Podemos y en especial de la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, está ya trabajando en la introducción de cambios o retoques en la denominada ley del solo sí es sí debe valorarse como un intento de evitar los “efectos indeseados” –en palabras del propio Ejecutivo– y la alarma social que estos han generado. Estos futuros cambios, que parecen imprescindibles a la luz del goteo de resoluciones judiciales en determinadas aplicaciones retroactivas de la ley, tienen que abordarse sin perjuicio de que deba reconocerse la absoluta necesidad de una norma elaborada y aprobada, pese a sus defectos, con el objetivo de ofrecer una protección integral a las mujeres frente a las agresiones sexuales y a garantizar su plena libertad al exigir que cualquier relación sexual debe afrontarse desde su inequívoco consentimiento. Esa es la gran virtud de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual que es obligado preservar, porque esa era la voluntad inequívoca del legislador con su aprobación por amplia mayoría. Del mismo modo, debe apuntarse también que el Gobierno de Pedro Sánchez debió ser consciente –porque así se lo apuntaron desde diversos sectores jurídicos e incluso el informe del Consejo de Estado– de las deficiencias que presentaba la redacción del borrador de la ley y de las consecuencias que tendría su aplicación retroactiva en aquellos casos en que beneficiase al reo, por lo que debió corregirlas desde el principio. Ahora, cuando aún no se han cumplido cuatro meses de su entrada en vigor, las correcciones técnicas podrán servir a futuro en nuevos casos de agresiones a mujeres pero la doctrina jurídica instalada, que, por otro lado, implica una escasa sensibilidad hacia las víctimas, continuará reduciendo condenas si no se corrige de manera contundente este aspecto. Una doctrina, impulsada y jaleada también por la derecha, en la que la consideración más laxa de los delitos descartando, a su vez, posibles agravantes que podrían haber elevado las penas, ha facilitado la cascada de rebajas de penas. De ahí que la reforma de la ley deba ser quirúrgica y efectiva y servir a la finalidad de la norma, más allá de que se aborde por los problemas de imagen que atraviesa el Gobierno español en año electoral.