La polémica sobre las medidas antiabortistas anunciadas y sostenidas hasta ayer por el Gobierno de Castilla y León va perdiendo sustancia con la marcha atrás del presidente castellano, Alfonso Fernández Mañueco (PP), que ha desmentido a su vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox). Sin embargo, el episodio se apaga dejando una reprochable actuación de los responsables políticos de los principales partidos del Estado, que han coincidido en instrumentalizar un asunto de especial sensibilidad, sin atender a las implicaciones que para la mujer gestante y los profesionales médicos tiene. En primer lugar, es obsceno el intento del Partido Popular de eludir su responsabilidad. Su nuevo portavoz, Borja Sémper, ha querido disfrazar el anuncio de García-Gallardo de modificación unilateral del protocolo médico como un pulso de Vox y el Gobierno Sánchez. Sin embargo, antes de ayer mismo, nadie en su partido en Castilla y León salió a desmentir al vicepresidente de la Comunidad, y solo ocurrió tras el escándalo generado entre los propios profesionales de la sanidad después de que el propio consejero del ramo –también del PP– hubiera confirmado el nuevo protocolo. Se puede conceder que Vox, en horas bajas y mermado de protagonismo, haya pretendido sacar la cabeza con criterios confesionales de espaldas a la debida gestión de derechos y libertades. Pero no cabe olvidar la responsabilidad del PP de haber elegido a Vox como socio para diseñar los enfoques de sus políticas públicas. Un ambiguo Alberto Núñez-Feijóo acababa de afirmar que intentará “evitar, si se puede” pactar con Vox, pero ese mensaje solo equivale a admitir que su prioridad de gobernar le pondrá en manos de la ultraderecha allí donde no lo pueda evitar. En el otro lado, la especulación sobre el recurso al artículo 155 de la Constitución para suspender el Gobierno autonómico castellano-leonés no solo no fue desmentida desde el Gobierno Sánchez, sino acompañada por la ministra Carolina Darias al otorgar que “llegaremos a todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone al alcance para la defensa de la legalidad”. El desenfoque partidista ha degenerado todo al cruce de amenazas y reproches políticos que redunda en inestabilidad y desamparo de los derechos de la mujer ante la gestación y refuerza la espiral de calidad política descendente.