El cambio en los protocolos de atención a mujeres embarazadas anunciado por el Gobierno de Castilla y León bajo la influencia e inspiración de la ultraderecha en una de las batallas tradicionales de su guerra cultural vuelve a poner en evidencia al PP, que asume y como mucho suaviza las propuestas ideológicas de Vox. Los populares, al tiempo que blanquean e impulsan a la formación de Abascal acomodándola en los ejecutivos de las instituciones en las que gobiernan, utilizan también a Vox como punta de lanza de políticas que no se atreven a poner en marcha en solitario. El caos en las reacciones que se ha manifestado en el PP tras el anuncio del nuevo protocolo por parte del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el ultra Juan García Gallardo, con silencios elocuentes, desmentidos a medias y confirmaciones matizadas –ayer mismo, por parte del presidente popular Alfonso Fernández Mañueco, que desautorizó a su consejero de Sanidad, y con el nuevo portavoz del PP, Borja Sémper, en evidente fuera de juego– es prueba del doble juego de la formación de Feijóo. Las medidas que se plantean en la atención a las embarazadas, bajo el barniz de aportar información, desde la “libertad” y “voluntariedad” a las mujeres, y que sería muy oportuna si esta se hiciera previamente con educación sexual y con medios para afrontar la maternidad, tratan de ocultar en sí mismas una tutela de la capacidad de decisión mediante el chantaje emocional y la consideración de su incapacidad de adoptar una decisión sobre su embarazo por falta de formación o conocimiento. Se trata de una consideración no ética, sino confesional de la que debe huir la práctica de un servicio público. Del mismo modo que la objeción de conciencia médica está reconocida en varias normativas en sentido negativo (evitar aplicar un procedimiento médico con el que no se está moralmente de acuerdo) aunque no es una norma básica establecida legalmente, también cabe amparar al médico en la decisión de no ser partícipe de una estrategia de presionar a las mujeres que piden interrumpir su embarazo. La dinámica de la derecha, con sus recursos a la normativa sobre el aborto y la ley de eutanasia, lleva a la batalla judicial aspectos propios del debate social y su regulación legal tratando de revertir la orientación que a esta trasladan las sensibilidades mayoritarias expresadas en el Parlamento.