El nombramiento de Cándido Conde-Pumpido como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC) constituye el primer reflejo de la nueva mayoría de magistrados progresistas en su Pleno y abre el camino a un profundo debate jurídico sobre normas de impacto social y político que fueron sistemáticamente recurridas por los partidos de la derecha, PP y Vox. La nueva mayoría tendrá que pronunciarse sobre asuntos cuyo calado ideológico es indudable. Desde la eutanasia al aborto, pasando por la última modificación de la normativa laboral o la reforma educativa, señaladas leyes aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez llevan camino de reforzar la visibilidad de las sensibilidades monolíticas de los magistrados asimilados a los bloques conservador y progresista, como de hecho se reprodujo ayer en la propia elección del presidente y la nueva vicepresidenta, Inmaculada Montalbán. Pese a la incidencia social que cualquiera de las normas citadas implica, es significativo que los mensajes centrales con los que han elegido cerrar y abrir sus etapas el presidente entrante y el saliente –Pedro José González-Trevijano– coincidan en fijar posturas más propias del debate político. Significativa fue la alocución de González-Trevijano reprochando la intención política que vio en las recusaciones de miembros del Constitucional, mientras obviaba el mismo efecto político derivado de la intervención directa sin precedentes del tribunal que él presidía al interrumpir el procedimiento legislativo. Ahondó en una concepción corporativista del Estado de derecho democrático en la que se arrogó la gestión de la soberanía como intérprete de la Constitución frente al Parlamento, pese a ser este recurrentemente legitimado por la soberanía ciudadana. Por su parte, Conde-Pumpido se sintió ayer impelido a dejar como primer mensaje de su presidencia del TC que la Constitución no admite “la secesión, ni la independencia ni la autodeterminación”. Mensaje de Perogrullo que solo se sostiene en convertir el texto pactado hace 45 años en un inamovible principio y final de las voluntades ciudadanas y no en la herramienta coyuntural sujeta a reforma al ritmo en que evoluciona la sociedad. Los mismos fantasmas negacionistas de la realidad cambiante que eluden dar soluciones de consenso a desencuentros persistentes.
