En la esperanza de que la situación de Brasil se normalice tras el fracaso del golpe de Estado de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, es momento de profundizar en las dinámicas que la asonada comparte con el asalto al Capitolio de Estados Unidos tras la derrota electoral de Donald Trump y de la preocupante tendencia del populismo ultraconservador a renegar del sistema democrático cuando el mismo procedimiento legitimador por el que logró acceder al poder le descabalga de él. Bolsonaro, como antes Trump, ha mantenido una campaña pública de denuncia de un supuesto fraude electoral desmentido por las autoridades judiciales de sus respectivos países. En ambos casos, se ha construido e inflamado un estado de opinión entre sus seguidores que sostiene la ilegitimidad de sus sucesores –Lula da Silva y Joe Biden, respectivamente– y la necesidad de que un poder ajeno a los democráticos restituya a sus líderes. En Washington, el asalto a la sede del Legislativo tuvo la significación de producirse en vísperas de la toma de posesión del nuevo presidente; en el caso de Brasil, la turba asaltante ha ido más lejos aún al violentar las sedes de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Una movilización organizada de miles de bolsonaristas que se fue gestando con el silencio cómplice del expresidente quien, como antes Donald Trump, solo ha sido capaz, en la distancia, de un tibio desmarque ante el fracaso del golpe. La manipulación de la opinión pública en beneficio propio mediante la difusión de bulos, construcción de relato de la denominada posverdad o, directamente, la falsedad explícita, exigen una contundente respuesta judicial y política de dimensión internacional. La democracia está siendo sometida a las tensiones de una estrategia de polarización política que sustituye el debate de ideas por su criminalización y la legitimación que aporta el procedimiento del sufragio garantista por un populismo irresponsable que lo reduce a mero mecanismo de acceso al poder del que está dispuesto a prescindir cuando la voluntad ciudadana se orienta contra sus intereses. En ese marco, el control oligopolístico de los medios económicos y de comunicación y redes sociales es enemigo de los derechos y libertades y refuerza esa estrategia de asalto al poder que sustrae a la ciudadanía su soberanía.
