El nuevo paquete de medidas aprobado por el Gobierno español para encarar el alza de los precios el próximo año es una estrategia paliativa de urgencia que, siendo necesaria, requiere que se complemente con otras estructurales. El presidente Pedro Sánchez presentó ayer las medidas, que responden a lo que venía contemplándose hasta la fecha y, en muchos casos, es una prórroga de la vigencia de iniciativas ya en marcha. El programa aprobado ayer en Consejo de Ministros incluye una ayuda de 200 € para las rentas menores de 27.000 € que sigue la estela de la anunciada en octubre por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y que bien podría haberse coordinado a priori con él para aclarar la compatibilidad de ambas. Sin embargo, se ha dilatado hasta el extremo el diseño de las medidas, cuando el final de año hacía ya decaer muchas de las actuales. Entre ellas, la subvención al precio de los carburantes, que desaparece con carácter general y se limitará a los profesionales. Una necesidad para detraer recursos hacia otras ayudas más orientadas a las rentas más bajas, en tanto la medida ha facilitado para mantener el consumo privado de carburante, impidiendo que la demanda actuara sobre los precios. En la misma medida, la rebaja del IVA a alimentos será útil en tanto no se transforme en ampliación del margen y repercuta realmente en el precio final. Entre el resto de iniciativas se repiten las prórrogas de reducción de impuestos a la energía y el tope del 2% al aumento de precio de los alquileres que, en un mercado ya caro, protege al arrendatario pero facilita el acceso a la vivienda. La reducción del 30% al precio del transporte público, que hasta ayer no estaba contemplada para los servicios públicos de titularidad local o autonómica, se mantendrá por fin –pese a la inicial pretensión socialista de liberar de ella al Estado y que se asumiera íntegramente por municipios y diputaciones autonomías– tras la presión de socios del Ejecutivo como el PNV y, posteriormente, Podemos. Pero siempre que las autoridades locales la complementen con otro 20%, como ya hacen las instituciones de la CAV y como tendrán que hacer las de Navarra para mantener la rebaja. Mitigado el impacto a corto plazo, reducir la inflación es aún imprescindible y requiere descarbonizar la economía y acortar las cadenas de suministros.
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