l Gobierno español de PSOE y Unidas Podemos ha sacado adelante, casi por casualidad, la reforma laboral negociada en el marco del diálogo social español. Un marco cuya virtud de consenso entre la patronal y los sindicatos mayoritarios del Estado no compensa el ninguneo de una realidad específica en lo laboral y en lo productivo como la vasca. Los contenidos acordados contienen mejoras objetivas en algunos aspectos y riesgos evidentes en otros. Hay en lo pactado una estrategia que pretende la mayor estabilidad del mercado laboral pero cuya eficiencia está aún por acreditar y superar el riesgo de sustituir un exceso de temporalidad por otro de parcialidad, con empleos indefinidos que reproducirían el modelo del mini-job que no ha logrado evitar la precariedad económica entre los jóvenes o las mujeres. Junto a las dudas que aún debe despejar el nuevo marco, y aunque se deba reconocer que rescata la ultraactividad o incorpora fórmulas útiles en materia de formación laboral, hay un coste político evidente en el proceso. Una quiebra de confianza en varios planos que es preciso restaurar en todos ellos. En primer lugar, de nada ha servido anticipar las demandas de reconocimiento del marco laboral vasco y de las competencias inherentes a las políticas activas de empleo. Esta reforma ningunea el primero e invade las segundas. El tándem Sánchez-Díaz ha sido consciente en todo momento de este error y del desencuentro que produciría en quien consideran socio de referencia: el PNV. Hay buenas palabras pero esa relación precisa de ser regada con hechos y, en esta reforma laboral, no ha sido así. No era la postura de la principal fuerza de gobierno en Euskadi cuestionar el alcance de las medidas ni pretender la escenificación más ideológica que práctica de una derogación completa de la norma anterior, como sí ha ocurrido en otras fuerzas de la mayoría de investidura. Por ello es difícil de entender que se haya hurtado al debate político un acuerdo realizado de espaldas a Euskadi. Junto a las secuelas que pueda dejar esa unilateralidad del Gobierno Sánchez hacia sus socios, está el desencuentro con la patronal española CEOE y su apuesta ideológica de no admitir someter su legítima representatividad en el diálogo social a la mucho más intensa, acreditada por el sufragio democrático y de legitimidad superior que es la acción de un parlamento.
