unque la asunción por parte de la CAV el pasado 1 de octubre de la gestión de las prisiones vascas tras décadas de reivindicación y negociaciones y el acuerdo in extremis, en el marco del diálogo para el apoyo a los Presupuestos del Estado, sobre las obras del TAV y la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pudieran inducir a pensar lo contrario, el año 2021 no ha sido especialmente fructífero para el avance del autogobierno de Euskadi. De hecho, en los últimos seis meses ha habido un estancamiento total en este ámbito, que -conviene no olvidarlo- no es sino la materialización de lo dispuesto en el Estatuto de Gernika, aprobado hace 42 años. El propio Ejecutivo de Pedro Sánchez reconoce en su informe Cumpliendo, actualizado a 31 de diciembre pasado, que ha consumado el 21,4% de los compromisos adquiridos con el PNV para la legislatura, exactamente el mismo porcentaje que, según su propia contabilidad, había realizado a 30 de junio. Seis meses en blanco, por tanto, teniendo en cuenta que estamos en el ecuador de la legislatura, con ese poco más del 21% de cumplimientos realizados. Escaso bagaje, máxime cuando en los próximos dos años, el Gobierno de Sánchez tendrá que afrontar retos muy importantes, con la recuperación de los efectos de la pandemia y varias convocatorias electorales como grandes retos y ocupaciones. Es cierto que el mismo informe afirma que el 71,4% de los compromisos están “en proceso” y que prevé que en el próximo medio año el porcentaje de cumplimiento de los acuerdos será del 35,7%, pero no deja de ser un desiderátum, toda vez que no establece concreción alguna. Es necesario que, como mínimo, el Gobierno español acelere sin más demoras el proceso de cumplimiento de sus propios pactos y blinde el calendario de transferencias a Euskadi. Las competencias propias y su traspaso no pueden quedar al albur de los vaivenes políticos o de los intereses electorales en un escenario tan polarizado y crispado como el español, sobre todo en momentos previos a comicios. El Gobierno vasco ya ha tomado la iniciativa con la propuesta de otras tres transferencias -Meteorología, Gestión del litoral y Fondo de Protección a la Cinematografía- que puede dar la dimensión de la voluntad real de Moncloa de cumplir los compromisos adquiridos.