as instituciones y las fuerzas políticas y sociales españolas tienen, históricamente, serias dificultades para asumir la plurinacionalidad del Estado y las especificidades propias de las diferentes “nacionalidades y regiones” que recoge la Constitución. El reciente acuerdo alcanzado entre el Gobierno, los sindicatos españoles más representativos (CCOO y UGT) y la patronal CEOE para la “modernización” del mercado laboral que hoy aprueba el Consejo de Ministros es un claro ejemplo de este reiterado ninguneo de las distintas realidades, en especial la vasca. No cabe duda de que el pacto logrado la víspera de Nochebuena mediante el que se altera de modo significativo la lesiva reforma laboral impuesta de forma unilateral por el PP de Mariano Rajoy tiene virtudes que es obligado subrayar. El primero de ellos es, precisamente, el de que se ha alcanzado previo diálogo y un importante e infrecuente consenso. Asimismo, no supone una derogación de la anterior normativa, pese a que este aspecto constituyó un compromiso firme y reiterado -y motivo de fricción política- entre los socios del Gobierno de Pedro Sánchez. Esta “reforma de la reforma” es sin duda más respetuosa con los derechos de los trabajadores, puede contribuir a rebajar la elevada y en algunos casos abusiva temporalidad, reinstaura la ultraactividad sin límite de tiempo, recupera la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, potencia los ERTE para evitar despidos colectivos que tan buen resultado han dado durante la pandemia y, al mismo, tiempo fija herramientas vitales para las empresas. Sin embargo, la realidad política, social, sindical y empresarial es distinta en Euskadi, y, como consecuencia lógica, también lo son sus relaciones laborales y uno de sus corolarios, los convenios que se firman en su ámbito. Esta nueva reforma no respeta esta singularidad y este diálogo y acuerdo social que, lejos de constituir una mera reivindicación identitaria, afecta a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras y a miles de empresas vascas. Es por ello imprescindible que la reforma -pese a la negativa salida de tono del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi- contemple y blinde en su tramitación parlamentaria la prevalencia de los convenios vascos dentro del respeto a su marco de relaciones laborales. La reglamentación laboral no puede ignorar la particular realidad de Euskadi.
