a reciente sentencia del Tribunal Supremo mediante la que ratifica el fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y, en consecuencia, impone el 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas, y las reacciones y actitudes viscerales que ha suscitado -larvadas durante largo tiempo- han vuelto a generar un clima de fuerte confrontación en el que las lenguas están siendo utilizadas políticamente como arma arrojadiza. La decisión judicial de “protección del castellano” no es un hecho aislado -en Euskadi también se suceden sentencias perjudiciales para la supervivencia del euskera- y tiene como grave consecuencia la inhabilitación de facto de la inmersión lingüística en la Educación catalana. Un sistema que cuenta con un amplio consenso en la sociedad de Catalunya, tiene un apoyo muy mayoritario en el Parlament, ha demostrado a lo largo de las últimas cuatro décadas de funcionamiento en las aulas que se está aplicando con éxito y que es el único que garantiza la competencia del alumnado en las dos lenguas cooficiales. Frente a las interesadas y falsas afirmaciones con tintes apocalípticos de la derecha ultranacionalista, el castellano no está en riesgo en Catalunya, ni en ningún lugar del Estado. Son las lenguas minorizadas las que precisan de protección, apoyo y políticas públicas que garanticen su aprendizaje, utilización y el respeto a los derechos de sus hablantes. No es así en el caso del Estado español, cuyos poderes velan únicamente por la preservación, cuidado y prestigio de la “lengua común” en contraste con el sistemático desprecio al que someten al euskera, el catalán y el gallego, que deberían ser considerados como patrimonio cultural y social y ser objeto de protección. El problema a estas alturas es que la lengua -las lenguas- se ha convertido en un elemento más en la lucha política partidista e identitaria y se ha judicializado en exceso, un pésimo modelo de resolución de conflictos. En todo caso, y especialmente en este explosivo contexto, no son en modo alguno aceptables las actitudes de acoso y hostigamiento a familias que reivindican para sus hijos ese 25% de clases en castellano que han fijado los tribunales, en un clima de exacerbamiento y manipulación por parte de la derecha. Es por ello necesario frenar y reconducir este ambiente de confrontación que vuelve a amenazar la convivencia en Catalunya.