a Constitución española cumple hoy 43 años desde su aprobación con demasiados déficits acumulados con el paso de estas más de cuatro décadas y nula capacidad de adaptación a los grandes desafíos de la sociedad actual sin que su actualización o reforma forme parte de la agenda de prioridades de la política en el Estado. Que la Constitución había nacido ya coja en determinados aspectos, fruto en gran parte del contexto de incertidumbre y miedo en el que fue aprobada tan solo tres años después de la muerte del dictador, y que se estaba quedando obsoleta a pasos agigantados era una evidencia desde hace mucho tiempo. No en vano la población que vivió la gestación y aprobación del texto de 1978 es hoy ampliamente minoritaria. Como ejemplo significativo, salvo Arnaldo Otegi, ninguno de los actuales líderes políticos vascos pudo votar la Constitución por edad. Incluso el nuevo secretario general del PSE, Eneko Andueza -el dirigente más joven-, nació con la carta magna ya en vigor. No es esta, sin embargo, una razón per se ni determinante para una reforma constitucional, ya que una de las características de estas leyes de leyes en todo el mundo es su perdurabilidad. Pero las carencias estructurales de la Constitución y su falta de adecuación a la realidad social y al mundo global, con sus problemáticas y retos, hacen cada vez más acuciante su reforma prácticamente integral. La negación de la plurinacionalidad, como se ve de forma recurrente en Euskadi y Catalunya, del plurilingüismo -el reciente veto a la inmersión en las escuelas es sangrante-, la intolerable discriminación de la mujer en la sucesión de la Corona, la inviolabilidad del rey ante negocios privados presuntamente delictivos, la falta de referencias a la integración en Europa, a las nuevas realidades sociales y familiares, la problemática de las nuevas tecnologías y su traslación a la vida de la ciudadanía, que afecta a sus derechos, la necesaria contitucionalización de los derechos sociales... Son ejemplos ilustrativos de que la Constitución está muy por detrás de la sociedad. Solo comprobar que el TC debe aún decidir si la ley del aborto es o no constitucional o releer las recientes sentencias sobre la ilegalidad de la declaración de los estados de alarma por la pandemia deben impulsar un cambio que se antoja imposible ante el veto que ejerce la derecha. Una Constitución erigida en muro pierde su legitimidad.