s una contante ya tradicional que cualquier gobierno realice balances más o menos triunfalistas de su gestión, generalmente alejados de la autocrítica. La sociedad está acostumbrada a ello, al margen de la posición y el programa ideológico de la formación o formaciones que conformen el ejecutivo. En el caso del Gobierno español, su presidente, Pedro Sánchez, presentó a finales de julio como balance de curso al finalizar el periodo de sesiones el informeCumpliendo -de nombre ciertamente tan unívoco como ostentoso-, que definió como un análisis “metodológicamente auditado de forma externa” y que respondía al compromiso del Gobierno con la regeneración democrática, la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Según este informe, el gabinete de Sánchez ha cumplido ya el 32% de los compromisos adquiridos para la legislatura y ha “activado” hasta el 94% de las promesas durante un periodo muy condicionado por la gestión de la pandemia. Un análisis pormenorizado del documento, sin embargo, ofrece una realidad más concreta y no tan optimista. Así, el nivel de cumplimiento de los compromisos con sus socios de investidura es bastante exiguo, y va desde el 25% de acuerdos ejecutados con Teruel Existe y el BNG a la significativa ausencia total de los mismos con ERC. Respecto al nivel de compromisos “cumplidos” con el PNV, el documento de Sánchez lo sitúa en solo el 21,4% y, además, y a diferencia de las previsiones que establece para el resto de grupos, no prevé -es decir, no se compromete a impulsar- ningún avance más en lo que queda de año. Teniendo en cuenta, asimismo, que algunos de los “avances” que observa el dosier en el grado de materialización de algunos de los acuerdos que faltan por cerrar se basan únicamente en que “se han hecho informes de expertos” (sic) en materias trascendentales como la adecuación de la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales o la promoción de la representación internacional de Euskadi, la realidad es que Cumpliendo solo viene a corroborar que las quejas del PNV por los “incumplimientos” de los acuerdos y las advertencias de los nacionalistas por la falta de voluntad para acometerlos parecen cuando menos justificadas. En manos de Sánchez está, por tanto, que su Gobierno pueda presentar en seis meses un informe más cumplido en todos los sentidos.