uskadi se encuentra de nuevo en situación de máximo riesgo por la incidencia del covid-19 y continuará estándolo en los próximos días, que van a resultar claves y a buen seguro, duros. Un escenario muy grave y preocupante, en el que parecen notarse ya los efectos de la Semana Santa, tanto en número de nuevos contagios como en tasa de incidencia y en ingresos hospitalarios, con especial presión en las UCI. Según los últimos datos, la CAV roza ya los 600 contagios diarios y a partir de hoy, medio centenar de municipios vascos, entre ellos Gasteiz -que ya lleva una semana- y Bilbao y varias localidades con alta población, estarán confinadas perimetralmente, lo que afectará a más de un millón de personas que verán limitada su movilidad y actividad. La confluencia de la cuarta ola de la pandemia con una situación de cierto desconcierto en el proceso de vacunación tras lo sucedido con AstraZeneca y una notable desconexión social respecto a las medias de prevención, así como la llegada de otra olaelectoralista ligada a la batalla de los comicios en Madrid, hacen muy difícil el equilibrio entre la gestión técnica y la decisión política. De ahí la impesiosa necesidad de contar con los instrumentos adecuados en la lucha contra el ascenso del covid-19 mientras llega la ansiada inmunización de grupo. Ante esta evidencia y las perspectivas a corto y medio plazo, el lehendakari reclamó ayer el mantenimiento del estado de alarma que el presidente Pedro Sánchez, pretende hacer decaer el 9 de mayo. El fin de este decreto puede tener efectos demoledores. Por un lado, priva a las comunidades autónomas de la posibilidad de mantener medidas restrictivas básicas, en especial de movilidad, toque de queda o prohibición de reuniones de un número limitado de personas y, en otros casos, elimina las garantías jurídicas. La presentación ayer por parte de las asociaciones de hosteleros de un recurso ante el TSJPV contra el cierre de los interiores de los bares de los municipios en rojo es prueba palpable de esta inseguridad. Además, el fin del estado de alerta podría dar aún mayor sensación de falsa seguridad a parte de la población. Pese a todo ello, el Gobierno español advirtió -en fondo y forma inaceptables- de que no atenderá a “presiones” de las CCAA. Sánchez debe reconsiderar su decisión, basada más en intereses políticos y electoralistas que en la grave situación epidemiológica.