e frustró in extremis el acuerdo político que se anunciaba, por fin, como inminente para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Quizá no la expectativa, pese a lo radical del desencuentro expresado por PSOE y PP, pero sí, de nuevo, la solución a una interinidad que dura demasiado y que va en detrimento de la propia imagen de la institución. Los debates en torno al procedimiento de selección de sus miembros, han convertido al CGPJ en otro pimpampum de superficialidad en el análisis de sus circunstancias. Vuelven a surgir las voces que reclaman desactivar el componente político y “profesionalizar” el sistema de elección de modo que las organizaciones de los propios jueces y magistrados sean las entidades soberanas. Se soslaya en ese debate el hecho de que separación de poderes e independencia judicial no tienen por qué significar una mera autorregulación profesional. El CGPJ es una institución de la que emanan suficientes implicaciones en el entramado judicial y en la designación de quienes, con su criterio, le dotan de sentido a la percepción del derecho como para quedar al margen de la sensibilidad social. La magistratura no es un club profesional privado o un ámbito desapasionado y químicamente -social y políticamente- puro. En el imperfecto equilibrio que siempre supone un entramado democrático, el único mecanismo por el que se genera legitimidad es el sufragio universal. Este opera a través del mandato constitucional encomendado a los partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores que obtienen un rango legislativo en función de su representatividad. En ese sentido, no es una barbaridad que sea el poder legislativo el que, a su vez, participe de la configuración de un órgano de gobierno que, de no ser así, corre el riesgo de estar sometido a un déficit democrático. No cabe cuestionar la voluntad de los jueces de ser neutrales y ejercer el mandato de impartir justicia y proteger derechos y libertades con equidad, pero sí dotar a esa función del valor añadido de un procedimiento que les conecte con una representatividad de las diferentes sensibilidades sociales y de evolucionar con ellas en cada momento. Lo que no quita para que los partidos asuman a su vez la responsabilidad de evitar el espectáculo infame de poner por delante sus intereses.