a decisión del Departamento de Educación del Gobierno Vasco por la que el regreso o no a las aulas en determinados cursos -4º ESO, Bachiller y FP- los días 18 y 25 de mayo se decidirá en cada centro en virtud de la “realidad educativa” de los mismos viene a responder a la lógica heterogeneidad de colegios e institutos al tiempo que a la necesidad de dotar al sistema de las premisas imprescindibles para la protección de profesores y alumnos de cara al próximo curso. Si bien una parte de la estructura educativa vasca se puede hallar en condiciones de asumir las condiciones de prevención necesarias para reiniciar las clases presenciales siguiendo las recomendaciones sanitarias, es de sentido común que la capacidad para asumir las mismas en cada uno de los centros es igual de dispar que el cumplimiento de los distintos temarios, la composición del profesorado, el reparto y número de aulas o especialmente la situación epidemiológica de las localidades en que los centros se hallan. Y todas son características que recomiendan la flexibilidad en el regreso en las fechas anunciadas por el departamento. En primer lugar, para ofrecer garantías en todos los centros a aquellos cursos y alumnos que por estar en fin de ciclo, especialmente quienes deben presentarse a selectividad en julio, pueden necesitar en mayor medida de clases presenciales. También porque permite retomar las clases, como recomendaba ayer mismo Save the Children, a aquellos alumnos que han estado más desvinculados durante el confinamiento y que normalmente proceden de entornos más vulnerables. Finalmente, porque aquellos centros que opten por el regreso de sus alumnos podrán testar capacidad y necesidades de la comunidad educativa ante una realidad que según los expertos en salud pública seguirá ahí en septiembre, al comienzo del curso 2020-21. Además, esta flexibilidad no supone eludir el principal criterio de protección de la salud de profesores y alumnos, siempre en consonancia con la progresión que se da en otras actividades sociales, ni dejar en manos de la dirección de los centros una decisión unilateral y sin supervisión de los órganos competentes, mucho menos eludir la responsabilidad de inspección y diagnóstico de la situación de cada centro que, al igual que el diseño de los mínimos exigibles en el protocolo de regreso a las aulas, siguen asumiendo los departamentos de Educación y Salud.