Como cada año por estas fechas, decenas de miles de personas salieron ayer a la calle en Bilbao y Baiona para reivindicar un cambio en la política penitenciaria que los Estados español y francés llevan a cabo con los presos de ETA y de la kale borroka, fundamentalmente el alejamiento sistemático de sus lugares de origen, su clasificación en los grados más duros y restrictivos y las trabas impuestas para su progresión, y la permanencia en prisión de reclusos gravemente enfermos. La actual política penitenciaria está perpetuando una situación de injustificada e injusta excepcionalidad absolutamente anacrónica a día de hoy, más de ocho años después de que ETA anunciara el fin definitivo de la violencia terrorista y cuando se van a cumplir dos años de su disolución. Una realidad que supone un castigo añadido para los condenados, que genera un sufrimiento injusto para sus familiares, muchos de ellos sus hijos menores, y que objetivamente se convierte en un elemento de tensión que dificulta la consolidación de una convivencia normalizada. No se trata de obviar, olvidar o minimizar los delitos -en muchos casos, crímenes gravísimos- cometidos por los presos de ETA, sino de aplicar una política penitenciaria con arreglo a la más estricta legalidad, justa, humanitaria y acorde a la situación política y social. En este sentido, el actual contexto se presenta como una gran oportunidad, después de que en 2019 se hayan dados pasos muy tímidos con algunos acercamientos a cuentagotas, contadas progresiones de grado y permisos penitenciarios -nueve en total- absolutamente testimoniales. El nuevo Gobierno en Madrid, fruto de los acuerdos del PSOE con Podemos y PNV, puede y debe tener en su agenda esta nueva política penitenciaria. No hay que olvidar que el Gobierno Vasco exige el traspaso de la competencia de Prisiones y tiene elaborado un minucioso plan de traslados de presos a cárceles cercanas a Euskadi y que jeltzales y Podemos acordaron, dentro de la propuesta para el nuevo estatus, un compromiso en este mismo sentido, compartido por la mayoría social vasca. Hay, por ello, mimbres suficientes si hay voluntad. Por su parte, tal y como ha demandado el propio Foro Social, los presos deben a su vez implicarse en facilitar este proceso profundizando en el rechazo individualizado al uso de la violencia y en el reconocimiento expreso del daño causado como voluntad clara de reparación a las víctimas.