CAF afirma que el proyecto de Israel no vulnera derechos humanos y genera un impacto positivo

CAF ha emitido hoy un comunicado, que también ha remitido a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, en el que se pronuncia sobre su participación en el proyecto de metro ligero de Israel para asegurar que ni vulnera derechos humanos ni es discriminatorio, puesto que la comunidad árabe es la que utiliza con más frecuencia este medio de transporte, cuya línea roja ya está en funcionamiento en tanto que la verde se encuentra en construcción. Al contrario, asevera que tiene un impacto positivo en la zona al proporcionar “una infraestructura sostenible y ecológica”.

El grupo empresarial guipuzcoano sólo ha abordado esta cuestión en una ocasión, durante la celebración de una asamblea general en la que se anunció el contenido de un informe elaborado por una firma independiente en el que se avalaba su actuación en Israel. La publicación hoy del comunicado viene motivado, según afirma en el texto, por la próxima actualización de la base de datos de empresas que participan, directa o indirectamente, en alguna de las actividades contenidas en el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la que prevé que sea incluida CAF por vez primera.

Evaluaciones sucesivas

El fabricante ferroviario de Beasain afirma que ha realizado sucesivas evaluaciones de los riesgos de este proyecto “sin que hasta la fecha se haya identificado ninguna vulneración de los derechos humanos ni se haya materializado ningún impacto adverso”. Muy al contrario, defiende que estudios elaborados por expertos independientes tanto en 2023 como este año concluyen que este proyecto tiene “impactos positivos” en la población. Destaca que estos informes han sido redactados tras visitas a la zona en la que se construye y entrevistas a usuarios y representantes de diversas comunidades para destacar “la utilidad social del tranvía de Jerusalén”.

Así, explica que es una infraestructura “de servicio público esencial” y promueve el cumplimiento de derechos humanos como la libertad de movimiento y el acceso al empleo, la atención médica, la educación y los lugares de culto “a toda la población”, incide, “con especial beneficio para las comunidades más vulnerables”. En esta línea, subraya que es un proyecto no discriminatorio porque la comunidad árabe, que “constituye una parte significativa de los usuarios del tranvía”, es la que lo emplea con mayor frecuencia y muestra los niveles más altos de satisfacción, según los estudios de una agencia especializada que cita CAF.

Ausencia de discriminación

La propia empresa, prosigue, contribuye a esta no discriminación al aplicar una política de contratación inclusiva para labores de operación y mantenimiento del sistema, y recuerda que el 25% de los empleados son árabes. Del mismo modo, informa de que todos los letreros y señales son plurilingües y que adopta medidas para asegurar el acceso a cualquier persona, sin diferencias “por razones étnicas, de nacionalidad, religiosas o de otro tipo”. En cualquier caso, asegura ser “plenamente consciente de las complejas implicaciones jurídicas y éticas” vinculadas a este proyecto, aunque incide en la importancia de equilibrar “cuidadosamente” la protección de los derechos humanos con “la necesidad de ofrecer a la población una infraestructura esencial para todas las comunidades”.

Por este motivo, continúa, ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales sobre responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. Una de las que cita es el encargo, antes de la firma del contrato en 2019, de un análisis a “expertos independientes de reconocido prestigio” que concluyó que no existía ningún incumplimiento en este encargo. Algo que, según recuerda, se vio confirmado por una sentencia de la Corte de Apelación de Versalles, que rechazó que las empresas participantes vulneraran el Derecho Internacional en la ampliación de la Línea Roja del metro ligero de Jerusalén. Por último, señala que la autoridad competente en España confirmó que el proyecto se ajustaba a la legalidad internacional.

Reclamación

Sin embargo, un año después, en 2020, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe presentó una queja en el Punto Nacional de Contacto, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que arbitra cuando se presenta una reclamación por supuestas malas prácticas de multinacionales, y que en ese caso recomendó a CAF encargar a un consultor independiente un informe sobre el impacto social del proyecto. El grupo empresarial guipuzcoano lo hizo, tal y como recuerda en el comunicado emitido hoy, para señalar que los resultados de este estudio se dieron a conocer en 2022 y no identificó ningún incumplimiento legal ni vulneración de derechos.

Por último, asegura que durante la ejecución de este proyecto CAF “ha seguido de cerca las resoluciones dictadas por diferentes organismos internacionales” y las ha contrastado con expertos que, defiende, no han variado hasta las fechas sus “conclusiones favorables iniciales”. Del mismo modo, asegura que anualmente reporta dentro de su memoria información sobre las medidas de diligencia debida que aplica a todos sus proyectos y dedica un apartado especial al metro ligero de Jerusalén “con resultados satisfactorios hasta la fecha”.

“CAF mantiene su compromiso de actuar de acuerdo a los más altos estándares de integridad, responsabilidad y transparencia”, afirma, para añadir que seguirá realizando un seguimiento tanto a los aspectos relacionados con la ética y los derechos humanos como al marco normativo en el que desarrolla su actividad.

Proyecto

Israel adjudicó el proyecto de tren ligero a un consorcio formado por CAF y la empresa israelí Saphir, esta última incluida en el listado de empresas que realizan actividades en asentamientos ilegales israelíes del Alto Comisionado de la ONU, por un presupuesto superior a los 1.000 millones de euros de los que 500 millones corresponden a CAF. El objeto es el mantenimiento y ampliación de la Línea Roja y la construcción de la Línea Verde, que se prevé finalizar en 2026.

Según información proporcionada por Efe, La Línea Roja, de 13,8 km y 23 estaciones, fue inaugurada en 2011 y une los asentamientos ilegales de French Hill (en el noreste de la ciudad), Givat HaMivtar y Pisgat Ze'ev, esta última la colonia más grande de Jerusalén Este, territorio ocupado por Israel tras la guerra de 1967 y anexionado de forma unilateral en 1980. La ampliación de esta línea ha llevado además el tranvía hasta el asentamiento de Neve Yaakov, localizado también en territorio ocupado.

Además, la Línea Verde, que Israel espera inaugurar en 2026, conectará en el sur el asentamiento de Gilo -donde ya viven unos 30.000 israelíes- con la Universidad Hebrea en el monte Scopus, pasando, entre otros, por el asentamiento de Givat HaMatos, localizado también en el territorio ocupado de Jerusalén Este.

Oposición

El comunicado emitido ayer por CAF responde, según admite, a que teme ser incluido en el listado de empresas que realiza actividades en asentamientos ilegales de Israel, pero también se produce en un momento en que las críticas se han intensificado, en paralelo a las protestas por el que ya ha sido calificado como genocidio en Gaza.

Hace ya dos años Aministía Internacional se dirigió a la compañía guipuzcoana para pedirle que se retirara de un proyecto que, según recordó, fue declarado ilegal por el Consejo de Derechos de Naciones Unidas en 2017. En una rueda de prensa celebrada en Donostia, Cecilia Denis, una de sus portavoces, instó a CAF a que siguiera la estela de otras empresas que decidieron retirarse de Israel cuando declaró la guerra a Hamas.

Del mismo modo, tal y como ya pidió en 2020 junto con otras 31 organizaciones, Amnistía Internacional solicitó su inclusión en el listado de la ONU de empresas que realizan actividades en asentamientos ilegales. Ese mismo año, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe interpuso una queja ante el Punto Nacional de Contacto, un instrumento habilitado por el Gobierno de España para intermediar con multinacionales, que recomendó a CAF encargar un estudio sobre el impacto del proyecto que la empresa de Beasain presentó posteriormente.

Naciones Unidas

Desde el ámbito internacional, un pronunciamiento más reciente se produjo el pasado mes de julio, cuando Francesca Albanese, relatora de la ONU para Palestina censuró la participación de CAF en el proyecto de tranvía ligero de Jerusalén al considerar que contribuye a “establecer y ampliar las colonias”.

En su intervención, Albanese denunció que Israel ha establecido “una economía del genocidio” en Gaza y Cisjordania de la que, según dijo, se benefician multinacionales de sectores como el tecnológico, el bancario y el armamentístico y lamentó que CAF no hubiera seguido el ejemplo de otras empresas que se retiraron del país hebreo “por la presión internacional”.

Euskadi

Más cerca, en Euskadi, el lehendakariImanol Pradalespidió a CAF una “reflexión ética” sobre su participación en el proyecto de tranvía ligero de Jerusalén, aunque en cualquier caso transmitió su “respeto” a las decisiones de la empresa en la que el Gobierno Vasco tiene una participación del 3%.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por su parte aseguró conocer las cuentas de CAF para añadir que tiene capacidad financiera para retirarse de este proyecto, palabras que fueron criticadas por la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, que las calificó de “frívolas”. La última oposición tuvo lugar ayer, cuando el comité de empresa y ELA emitieron sendos comunicados para exigir a CAF que “termine con sus relaciones con el Estado de Israel”. La participación de los trabajadores en el capital social de la firma es del 24%.