La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a 7 años y 4 meses de cárcel a seis hijos del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes por la estafa en la captación de fondos para el Grupo Nueva Rumasa entre los años 2009 y 2011.
En una sentencia de 672 páginas, la Sala de lo Penal condena también a 6 años y 3 meses de prisión a José Ramón Romero, el que fuera director de la oficina del Grupo Rumasa en la localidad gaditana de Jerez de La Frontera, conocida como 'banquito de Jerez'.
Los magistrados de la Sección Quinta imponen la pena de 6 años y 5 meses de cárcel a un sobrino de Ruiz Mateos, Zoilo Pazos, que figuraba como partícipe y administrador de numerosas sociedades del grupo. Igualmente condenan a Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada a penas de entre 3 y 5 meses de prisión por delito de alzamiento de bienes, mientras que absuelve a otras cuatro personas que se sentaron en el banquillo de los acusados.
El fallo, ponencia de la magistrada Teresa García, condena a los hermanos Ruiz-Mateos, junto con Pazos y con Romero, a indemnizar de forma conjunta y solidaria a los perjudicados en la presente causa. Asimismo, impone a los condenados el pago de las costas causadas, incluidas las de las acusaciones particulares.
Belice, Panamá y Holanda
Según los magistrados, el Grupo Nueva Rumasa estaba constituido por un complejo conglomerado de sociedades que, si bien participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin, no conformaban un grupo consolidado en el sentido definido en la legislación mercantil y fiscal, a pesar de hacerlo constar así en su publicidad, pues esas sociedades carecían de una matriz común.
Sin embargo, sostiene la AN, el patrimonio y la tesorería de esas sociedades se venían poniendo durante años indistintamente al servicio de todo el grupo, que funcionaba de hecho como una sola empresa tanto a efectos financieros como de responsabilidad patrimonial.
Aunque el grupo pertenecía en última instancia a la familia Ruiz-Mateos, la Sala indica que la mayoría de esas sociedades pertenecían formalmente a otras sociedades extranjeras, generalmente radicadas en paraísos fiscales y en jurisdicciones no cooperantes o de baja tributación --fundamentalmente Belice, Panamá y Holanda--, lo que unido al empleo de testaferros y de despachos fiduciarios "permitió durante años dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad".
Este grupo societario estaba dirigido y gestionado por los acusados Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero, junto con su padre, quienes asimismo contaban con un pequeño grupo de fieles colaboradores.
Deudas millonarias
Según la sentencia, a principios de 2009 la situación económica y financiera del Grupo Nueva Rumasa era de una considerable gravedad, pues tenía deudas acumuladas por importe de millones de euros y carecía de liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos y para sostener la actividad regular de las empresas, que necesitaban 52 millones de euros para atender sus pagos más inmediatos.
Entre tales compromisos se encontraban deudas por 197,5 millones de euros que vencían ese año y por otros 194,6 millones de euros que vencían en el año 2010.
"Ante esas circunstancias adversas que agravaban la situación de insolvencia de las empresas, los responsables del grupo, ocultando dicha situación crítica a los acreedores, proveedores y consumidores, decidieron poner en marcha un nuevo mecanismo dirigido a captar fondos del público", asevera el fallo.
Esos fondos buscaban "no solo enmascarar por un tiempo esa situación, sino también poder hacer frente a los cuantiosos gastos personales, familiares y domésticos y principalmente a los préstamos que gravaban sus viviendas, que a principios del año 2009 superaban los 18 millones de euros".
Agresivas campañas en prensa
Para captar tales fondos los Ruiz-Mateos, junto con su padre, decidieron apelar al ahorro del público mediante "agresivas campañas en los medios de comunicación de ámbito nacional", fundamentalmente en la prensa escrita, en las que ofrecían invertir en sus sociedades productivas más conocidas a cambio de remunerar con elevados intereses esas inversiones, cuidando que en esas campañas se mostrara siempre una imagen de solvencia y bonanza empresarial que carecía de todo sustento.
Según el tribunal, el mecanismo ideado por los acusados consistía en obtener préstamos de los inversores cuya devolución junto con el abono de los intereses se garantizaría mediante la entrega de unos "pagarés de empresa" o "pagarés corporativos" no a la orden, emitidos y avalados por sociedades del grupo.
Todo ello, "aprovechando la confianza general que los consumidores venían depositando en los productos comercializados por sus empresas con mayor presencia en el mercado nacional bajo marcas conocidas que se incluían estratégicamente en la publicidad, ocultando siempre su situación real de insolvencia".
Dinero y afectados
La resolución señala que no se conoce con exactitud número total de inversores que adquirieron pagarés u otros efectos del grupo, pues existían algunas inversiones opacas, pero, según sus propios responsables, en el período examinado se captaron fondos de, al menos, 4.110 personas.
Según esa información, precisa la sentencia, el importe total de los fondos captados fue de 337.377.450,60 euros, mientras que el auxilio judicial ha podido identificar la entrada en las cuentas de Grupo Nueva Rumasa de, al menos, 243.476.514 euros procedentes de los adquirentes de pagarés entre los meses de febrero de 2009 y febrero de 2011.
Los fondos captados por los acusados se destinaban casi en su totalidad a una caja común desde la que luego se redistribuían al resto de sociedades del grupo en función de sus necesidades particulares. La sentencia explica que los acusados destinaron parte de los fondos captados de los inversores a la adquisición de bienes de la familia Ruiz-Mateos entre ellos vehículos e inmuebles, bajo la titularidad de sociedades españolas que a su vez eran propiedad de otras sociedades beliceñas.
Los magistrados detallan que, a partir del mes de marzo de 2011, con el fin de paralizar las ejecuciones derivadas de las numerosas obligaciones de pago que iban venciendo diariamente, se empezaron a presentar solicitudes de declaración de concurso voluntario de las principales empresas productivas del grupo.
Pradales
Previendo el cúmulo de responsabilidades penales y patrimoniales que podrían derivarse de la absoluta imposibilidad de devolver las cantidades millonarias captadas de los inversores, y ante la posible inminencia de embargos judiciales y de las acciones que eventualmente pudieran ejercer los miles de perjudicados, los acusados pusieron en práctica diversas estrategias para salvar en lo posible su patrimonio.
El fallo relata que se encargaron de transmitir a las empresas del grupo a otras personas e interponer nuevos administradores concertados para la ocasión, con el fin de mantener su control y participar encubiertamente en el producto de su liquidación, así como situar todo el patrimonio adscrito a esas sociedades a resguardo de acciones judiciales. Según la Sala, fue a partir de marzo de 2011 cuando los seis hermanos contactaron con el también condenado Ángel de Cabo, especialista en reflotar o liquidar sociedades mercantiles en crisis, quien, junto a sus colaboradores Iván Losada y Fernando Lavernia, ayudaron a los Ruiz-Mateos a poner a salvo su patrimonio.
