La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que la edad de jubilación en el Estado se sitúa en los 65,2 años, lo que supone haber alcanzado un "máximo histórico" en los registros.
Durante su comparecencia en el Congreso para desgranar el informe 'Ageing Report' de 2024 elaborado por la Comisión Europea y dar cuenta de la crisis migratoria, Elma Saiz ha ensalzado los efectos en el sistema que ha tenido la reforma de pensiones que inició su predecesor en el ministerio y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.
En concreto, Saiz ha destacado que el peso de la jubilación demorada sobre las nuevas pensiones se situó cerca del 10% en 2024, el doble que el nivel de los años previos a la reforma; mientras que las jubilaciones anticipadas han caído por debajo del 30%, un nivel "nunca conocido".
Además de caer el porcentaje de jubilaciones anticipadas, ha dicho la ministra, también se ha reducido el periodo por el que se anticipa, de manera que antes de la reforma más del 46% de los que anticipaba se jubilaba 24 meses antes de la edad legal y ahora sólo lo hace un 17%.
"La reforma está funcionando y cambiando de forma innegable los patrones de jubilación", ha destacado la ministra durante su intervención desde la tribuna del Congreso.
EL 'BABY BOOM' SUBIRÁ EL GASTO
La titular de Seguridad Social ha incidido en que la generación del 'baby boom' subirá el gasto "de manera ineludible" si se quiere mantener el actual nivel de protección, pero ha apuntado que el derecho a una pensión adecuada y suficiente "no es un privilegio o un regalo", sino un derecho consagrado en la Constitución.
En la actualidad, el sistema de pensiones protege a más de 10 millones de pensionistas, es decir, uno de cada cinco ciudadanos de este país, y se espera que para 2050 esa cifra estará en torno al 33%, es decir, pasaría a haber una sociedad en la que una de cada tres personas superará esa edad.
De momento, la titular de Seguridad Social ha asegurado que el gasto continúa "en niveles razonables" y las medidas desplegadas "están teniendo buenos resultados". "De hecho, el escenario macroeconómico actual (especialmente el empleo) y el nivel de gasto en pensiones son mejores que los pronosticados para 2023", ha apostillado.
Eso sí, Elma Saiz ha admitido que las proyecciones económicas a largo plazo (2050) tienen un "elevado elemento de incertidumbre", de modo que "pequeñas variaciones pueden tener grandes impactos".
LA CLÁUSULA DE LA REFORMA DE ESCRIVÁ
Por ello, Saiz ha destacado en su intervención la conocida como 'cláusula de cierre', que prevé evaluar cada tres años la sostenibilidad en el largo plazo del sistema de pensiones.
Dicha cláusula encarga a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la tarea de estimar el impacto de las medidas adoptadas para fortalecer los ingresos y comprobar que tanto los ingresos como los gastos estén bajo ciertos umbrales. Si eso no sucede, se procedería a recortar el gasto, a introducir nuevas vías de ingresos al sistema o las dos cosas a la vez.
La ministra ha defendido que hay que ver la activación de dicha cláusula como "un recurso más para garantizar el sistema y dar certidumbre ante los distintos escenarios que puedan presentarse".fF
