El modelo de financiación de las autonomías ha vuelto a situarse en el centro del debate político y económico. El acuerdo alcanzado recientemente entre el PSC y ERC para otorgar un concierto económico a Catalunya ha desatado una ola de críticas por parte de las comunidades autónomas, sobre todo aquellas gobernadas por el Partido Popular, que exigen un nuevo modelo, igualitario y sin privilegios para ningún territorio.
¿Cómo se financia el Estado? El actual sistema de financiación se aprobó en 2009 después de que el entonces jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, pusiera más dinero sobre la mesa, garantizara que ninguna comunidad saldría perdiendo y se aprobaran fondos adicionales para contentar a las distintas sensibilidades. El objetivo era asegurar la autonomía financiera de las regiones y que todas dispongan de los mismos recursos para ofrecer servicios.
El sistema recoge dos regímenes, según la región. El llamado régimen foral o de concierto, con el que cuentan Euskadi y Nafarroa, y el régimen común, que es el que tienen todas las demás comunidades autónomas.
Régimen foral
Euskadi y Nafarroa operan bajo un sistema de financiación único en España, conocido como el régimen foral. Este modelo les permite recaudar todos sus impuestos y pagar una cantidad acordada al Estado, conocida como el ‘cupo’ en el caso de Euskadi y la ‘aportación’ en el de Nafarroa. A cambio, ambas comunidades conservan la mayor parte de sus ingresos fiscales para gestionarlos de manera autónoma.
La cantidad de dinero que Euskadi y Nafarroa aportan al Estado se calcula utilizando un coeficiente para determinar qué parte de la financiación le corresponde a cada territorio. El coeficiente, conocido como índice de imputación, se basa en la proporción de la renta de la región en comparación con la renta nacional total.
Régimen común
En este régimen, que afecta a Catalunya y el resto de autonomías, el Estado recauda los impuestos, que usa para financiar sus propias competencias y complementar los gastos de las autonomías más pobres. El Estado se queda todo el impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas, y tiene cedidos a las autonomías el 50% del IRPF y del IVA, el 58% de los impuestos especiales y el 100% de los demás (matriculación, patrimonio o sucesiones).
Pero, ¿cómo se reparte ese dinero? Literalmente se mete en un fondo común, que permite a cada autonomía asegurar la correcta financiación de sus servicios públicos. Cada comunidad proporciona a este fondo un 75% de su capacidad tributaria, a lo que hay que añadir una aportación del Estado. Tras esto, se reparte entre las autonomías según unos criterios demográficos relacionados con la población, su dispersión o sus franjas de edad. Es lo que se conoce como entregas a cuenta. Estas entregas se realizan mensualmente, a través de dos ingresos a las comunidades autónomas, así como a Ceuta y Melilla: uno al comienzo del mes y otro al final.
Este régimen de financiación autonómica se completa con el Fondo de Suficiencia, que permite que las comunidades autónomas tengan garantizada la totalidad de sus competencias y con los Fondos de Convergencia, que pretenden favorecer el equilibrio económico territorial, beneficiando a las regiones con una financiación per cápita inferior a la media.
Catalunya fue la comunidad que más dinero recibió el pasado ejercicio, 23.255 millones, lo que supone el 18,8% del total, según se desprende de los datos del Ministerio de Hacienda. Le siguen Andalucía y la Comunidad de Madrid con 23.022 y 17.232 millones de euros respectivamente. Tras ellas, se sitúan la Comunidad Valenciana (11.526 millones), Galicia (8.307 millones), Castilla y León (7.561 millones), Castilla-La Mancha (5.866 millones), Canarias (5.534 millones), Aragón (4.240 millones), Murcia (3.783 millones), Extremadura (3.574) y Asturias (3.186 millones).
En último lugar se encuentran La Rioja (1.155 millones), Cantabria (2.140 millones) y Baleares (2.466 millones), que son las comunidades que menos entregas a cuenta han recibido hasta el me de diciembre. Por debajo, solo se encuentran Ceuta, Melilla, que recibieron 43 y 34 millones de euros respectivamente.
El Gobierno central comunicó a finales de 2023 a las Comunidades Autónomas que este año recibirán la mayor cantidad de la historia por parte del Estado, con 154.467,33 millones, lo que supone un 14,86% con respecto al año pasado.
Reclamaciones Autonómicas
El actual sistema de financiación ha despertado las críticas de varios gobiernos autonómicos, algunos de los cuales aseguran aportar al fondo común una cantidad mayor de la que reciben. Además, señalan que el dinero que perciben del Estado no garantiza la total prestación de los servicios públicos.
En este contexto, comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han pedido un nuevo modelo de financiación que tenga en cuenta los retos de la despoblación y el envejecimiento.
Por otro lado, regiones como la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares abogan por una reestructuración de la deuda y un sistema de financiación que se base más en la capacidad fiscal de cada comunidad autónoma. Andalucía, la región más poblada del Estado, defiende un incremento global de la financiación para todas las comunidades, priorizando la insuficiencia financiera sobre la reducción de la deuda. La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, apuesta por un modelo que no perjudique a las comunidades más ricas en términos de financiación per cápita.
Cupo catalán
La fórmula propuesta por ERC para financiar Catalunya recuerda mucho al modelo de Euskadi y Nafarroa. La idea es que la Generalitat recaude la totalidad de los impuestos y se haga cargo del coste de los servicios, transfiriendo una cantidad al Estado español como ocurre en Nafarroa y la CAV.
Uno de los puntos más polémicos del acuerdo entre los socialistas y ERC es la introducción del ‘principio de ordinalidad’. Este principio estipula que las comunidades autónomas que más dinero aportan al fondo común deberían ser también la que más reciban por parte de la administración. La propuesta es considerada por el resto de comunidades como una amenaza al sistema actual, basado en la solidaridad.
El modelo de financiación autonómica en España se haya en una encrucijada. Las tensiones entre regiones, junto con las demandas de una financiación más equitativa y adaptada a las realidades locales, han abierto un debate que amenaza con redefinir el equilibrio financiero entre las autonomías. El reto será lograr un equilibrio que garantice tanto la solidaridad interterritorial como la autonomía financiera.
