El presidente de Petronor y consejero de Repsol, Emiliano López Atxurra, ha afirmado este lunes que la ubicación de la planta industrial para producir a gran escala combustible sintético está en "stand-by" por la ausencia de un marco jurídico "previsible" en el Estado español.
López Atxurra ha indicado, en una entrevista en Radio Euskadi, que la que se está construyendo actualmente en el puerto de Bilbao es "una planta demo", proyecto "consolidado" que seguirá adelante y cuya puesta en marcha está prevista para finales de 2024.
Sin embargo, el proyecto incluye la futura instalación de una gran planta para la producción "a escala industrial" del combustible sintético, una inversión que, ha explicado, queda en el aire si se mantiene el impuesto temporal a las grandes energéticas.
Se trata de una de las mayores plantas de combustible sintético del mundo, tal y como lo anunció el grupo el pasado 15 de junio.
"Esa planta industrial estará en 'stand-by', porque tendremos que implantar una inversión industrial en un entorno regulatorio no solo amable, sino previsible", ha advertido el presidente de Petronor.
La planta "demo" que se construye en Bilbao, fruto de la colaboración entre Repsol, Petronor y la saudí Aramco, producirá 8.000 litros al día de combustible sintético a partir de Co2 e hidrógeno.
El proyecto contempla que, una vez probado el combustible producido en esta planta, comience la producción a escala en una nueva instalación, cuya ubicación se replantea ahora Petronor.
López Atxurra se ha referido también a la futura instalación en Bilbao de una planta de hidrógeno de 100 megavatios "directamente asociada con la actividad de la refinería", que "también está en situación de stand-by".
De esta manera, ha citado dos inversiones concretas que se podrían ver afectadas por el desacuerdo del grupo con el impuesto sobre las energéticas, en la línea de lo expresado la semana pasada por Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, compañía a la que pertenece Petronor.
López Atxurra ha asegurado que Petronor ha pagado desde 2019 3.000 millones de euros a la Hacienda de Bizkaia y 2.000 a la Agencia Tributaria, tras lo que ha considerado el impuesto a las energéticas como "discriminatorio".
