La sostenibilidad del sistema de pensiones públicas es una de las grandes preocupaciones de economistas, partidos políticos y de toda la sociedad en general. Las distintas reformas realizadas, en especial en la última década, tienen como propósito garantizar la continuidad de la que se considera una de las bases del Estado de Bienestar. Un objetivo nada sencillo en el que se suceden diversas fórmulas, pero con algunos denominadores comunes. Uno de ellos es acompasar la edad legal de jubilación con la efectiva. Es decir, que el retiro laboral se retrase, con el objetivo para el Estado de generar más ingresos por cotizaciones y, para el trabajador, de lograr una prestación más elevada. A tenor de los últimos datos, parece que las gráficas reflejan una unificación y que la edad media a la que cada vez más trabajadores se jubilan se acerca a lo que pretende el Estado.
En virtud de la reforma de las pensiones de 2013, en España la edad legal de jubilación está actualmente en los 66 años y cuatro meses si se ha cotizado a la Seguridad Social menos de 37 años y nueve meses, y en los 65 años para quienes acrediten más tiempo consignado. Estos supuestos garantizan el acceso al 100% de la pensión, pero la edad real a la que se producen muchos retiros es diferente. En esta situación influyen muchas causas. Por ejemplo, los trabajadores vinculados al sector de la mar y al de la minería, así como otros de profesiones con especial esfuerzo físico, pueden acogerse a una jubilación anticipada, aunque se les aplican diferentes coeficientes reductores. Además, también se producen casos de retiros anticipados de carácter forzoso o voluntario, en este último caso tras haber cotizado el mínimo requerido para acceder a la pensión completa. Lo que buscan las reformas es “incentivar” que el trabajador extienda su vida laboral y compensarle con una pensión más elevada.
Según cálculos del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, aumentar un año la edad efectiva de jubilación ahorra un 1,8% del gasto. Por otra parte, al irse elevando de forma progresiva la edad legal de jubilación, se logra que los trabajadores alarguen su carrera profesional y se genere un volumen mayor de ingresos para el sistema. Así, según el informe sobre la evolución de altas iniciales en la Seguridad Social divulgado por el Ministerio con datos hasta el mes de abril de este año, la edad media de acceso a la jubilación anticipada ha pasado de los 62,1 años en 2014 a los 63,2 en el cuarto mes de 2023. Mientras, la edad media de jubilación ordinaria también ha aumentado, al pasar de los 65,4 años de 2014 a los 65,8 años en abril de este año.
En su página web, la Seguridad Social define la jubilación voluntaria demorada como “la posibilidad reconocida a las personas trabajadoras -por cuenta propia o ajena- de que, una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación prolonguen su vida laboral, por lo que podrán acceder a una serie de beneficios en su futura pensión de jubilación”. Desde el año pasado, los trabajadores que opten por retrasar de forma voluntaria su jubilación tienen derecho a percibir un complemento económico, que se articula de dos maneras: un porcentaje adicional del 4% por cada año completo cotizado después de cumplir la edad ordinaria o una cantidad a tanto alzado por año cotizado, a recibir en el momento del retiro, que va a depender de los años que se haya cotizado cuando se llega a la edad de jubilación, y que va desde los 5.000 a los 12.000 euros aproximadamente. Desde el pasado mes de mayo, existe una fórmula mixta con las dos opciones.
El retraso en la edad de jubilación también tiene que ver con el buen momento del empleo, que anima a más trabajadores a estirar su carrera profesional. Por el otro lado, no obstante, aparece la problemática de los trabajadores en paro y próximos al retiro que, en muchas ocasiones debido a una situación de desempleo de larga duración, deciden acogerse a una jubilación anticipada, puesto que no vislumbran la posibilidad de trabajar de nuevo.
Dilatar la edad de jubilación para hacer más sostenible el sistema es una de las intenciones de las últimas reformas, puesto que en la próxima década se van a jubilar millones de trabajadores españoles de la llamada generación del ‘baby-boom’ de los años 60. El gasto total del Estado en pensiones ha sido de 12.017,76 millones de euros este mes, un 10,8% más que en julio del año pasado. Si en 2019 esta nómina mensual suponía el 10,9% del PIB, ese porcentaje ha crecido hasta el 11,7 este año, y no tiene visos de retroceder.
Otro de los mecanismos incluidos en la reforma del año 2013 es el de la jubilación activa, que permite compatibilizar el cobro de la mitad de la pensión, una vez cumplida la edad legal de jubilación, y la permanencia en el empleo. Desde que se puso en marcha esta herramienta, el número de jubilaciones activas ha crecido de forma paulatina en el Estado, pasando de 1.577 en el año 2013 a los 10.377 en el año 2020. Sin embargo, a partir de ahí se ha producido un descenso, con 10.008 a fines de 2021. Uno de los problemas que tiene el mercado de trabjo, y que repercute en la sostenibilidad del sistema de pensiones, es la discriminación de los trabajadores mayores de 50 añose, el llamado fenómeno del edadismo.
