La Fiscalía ha acusado de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad a tres jóvenes que participaron en un piquete en la planta de Tubacex en Amurrio durante la huelga del año pasado, para los que pide penas de más de cuatro años de cárcel, según informó LAB, que denunció que “una vez más se intenta castigar y criminalizar la solidaridad obrera”.

El sindicato aseguró que las acusaciones hacia estos tres jóvenes “no se ajustan a la realidad y no obedecen a unos hechos concretos, sino que están enmarcados dentro de una estrategia de persecución a la lucha obrera y la solidaridad”.