- El descuento obligatorio introducido por el Gobierno en la compra del carburante ha desatado una fuerte polémica dentro del sector de las estaciones de servicio, y ha avivado las tensiones internas entre las grandes petroleras y el resto de gasolineras con la “guerra de precios” como protagonista.

Mientras Repsol, Cepsa y BP -los tres operadores con más estaciones del país al aglutinar un 48 % del total- aplican descuentos incluso superiores a los 5 céntimos exigidos por el Gobierno, las estaciones independientes, automáticas y franquiciadas han elevado la voz para alertar de que sólo adelantar los 20 céntimos por litro exigidos legalmente ya compromete su tesorería.

La normativa recoge que de esta bonificación, 15 céntimos siempre corresponderán al Estado y los 5 restantes serán asumidos por las gasolineras. Sin embargo, en la letra pequeña se precisa que no tendrán que afrontar ese importe aquellas sin capacidad de refino en el Estado y que no lleguen a los 750 millones de euros de facturación.

En la práctica, esto provoca que sólo Repsol, Cepsa y BP tengan que asumir una parte del descuento, pero todas las empresas deben adelantar inicialmente este importe en cada repostaje. Está previsto que la Agencia Tributaria devuelva ese dinero e, incluso, conceda adelantos para no agravar precisamente los citados problemas de liquidez a partir de la próxima semana.

Las pequeñas gasolineras inciden en que esa obligación de adelantar dinero supone un golpe de calado para su liquidez y denuncian que la norma ha sido diseñada de tal forma que acaba beneficiando a las grandes, que, en su opinión, tienen “la sartén por el mango” y han emprendido una “agresiva” campaña de precios para recuperar cuota de mercado.

Detrás de la controversia generada se encuentra un sector extremadamente heterogéneo: las grandes están presentes en toda la cadena de valor, mientras que el negocio de las pequeñas consiste en comprar el carburante y revenderlo en sus gasolineras.