- La Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco ha obligado a convertir en indefinidos 16.494 empleos temporales en 2021, más de tres cuartas partes correspondientes a mujeres. Los inspectores revisaron el año pasado más de 33.000 contratos repartidos en un total de 15.000 actuaciones tanto en materia de empleo como en seguridad, con casi 900 sanciones y una recaudación de 4,7 millones de euros.
La vicelehendakari y consejera de Trabajo, Idoia Mendia, destacó ayer en la presentación de los datos de la Inspección que “se trata de algo más que de conversión de contratos”. “Estamos hablando de 16.494 personas que, gracias a la labor de la Inspección, han pasado de una situación de temporalidad a tener estabilidad, más certeza, más seguridades”, dijo Mendia en una comparecencia en la que estuvo acompañada por la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo, y la subdirectora de Inspección, Icíar González. Por norma general los inspectores de la administración advierten a la empresa incumplidora antes de abrir expedientes e imponer sanciones, motivo por el que, en proporción, el número de multas es mucho más bajo que el de actuaciones o contratos revisados.
En ese sentido es llamativo que casi la mitad de los 33.800 contratos revisados el año pasado estaban en fraude de ley y debían ser indefinidos. También destaca que cerca del 78% de las modificaciones correspondieron a mujeres, es decir, se confirma también en el día a día de la Inspección que el empleo femenino tiende a estar más precarizado.
En materia de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres desde la Inspección se han realizado 36 actuaciones de comprobación del cumplimiento de la normativa vigente, y no ha habido infracciones pero sí 17 requerimientos. La Inspección en esta materia se realiza en empresas de más de 100 trabajadores, aunque el objetivo para este 2022 es bajar ese ratio a las empresas de más de 50 personas.
El Gobierno Vasco abrió en 2021 un total de 19 expedientes sancionadores y 16 requerimientos de subsanación por accidentes mortales o muy graves y 73 expedientes sancionadores y 94 requerimientos de subsanación por accidentes graves, según el balance del Departamento de Trabajo y Empleo.
De las 900 infracciones cerca de la mitad, casi 400, tenían relación con la seguridad y la salud laboral. El importe de las multas ascendió a 4,7 millones de euros, de los que 2,7 millones lo fueron por infracciones relacionadas con la seguridad y la salud.
Mendia puso en valor ayer la labor de los inspectores y destacó el avance producido a nivel de cifras globales. Así, en 2020, marcado por la pandemia, se revisaron menos de 10.000 contratos, de los que se convirtieron en indefinidos algo más de 3.000. Un año antes, en 2019, sin pandemia, se revisaron 21.400 contratos, de los que se transformaron en fijos 6.500.
Con estas cifras, Mendia reiteró el compromiso de su departamento con el refuerzo de este servicio y recordó que a lo largo de la presente legislatura se incrementará la plantilla de la Inspección en diez plazas, hasta alcanzar los 54 inspectores, un 42% más que los existentes hace diez años.
