La dirección y el comité de empresa de las plantas alavesas de Tubacex de Llodio y Amurrio volvieron a verse ayer las caras ante una nueva mesa de negociación, que tiene por objeto alcanzar un acuerdo en torno a un nuevo expediente de regulación de empleo (ERTE) -el cuarto en el año y medio transcurrido desde el inicio de la pandemia- del que hasta ayer se desconocían las condiciones, por parte de los sindicatos, que ya habían avanzado que iban a solicitar la inclusión en el mismo de los 129 trabajadores cuyo despido fue anulado por el TSJPV a comienzos de julio.

Pues bien, todo apunta a que así va a ser, ya que de este primer encuentro -“en el que no ha habido mucho más que entrega de documentación”, según explicó a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA el presidene del Comité y miembro de ELA, Eduardo Ibernia- se salió con muchas de las incógnitas en materia de duración y afectación despejadas. En concreto, la multinacional tubera plantea un ERTE “motivado por el Covid, y con una regulación máxima del 70% de la jornada, incluido el personal despedido y readmitido por sentencia judicial”, aclaró Ibernia, que descartó hacer más valoraciones “hasta ver las próximas reuniones”, previstas para este mismo viernes (3 de septiembre), así como el lunes y martes de la semana próxima; aunque sí confía en que el nuevo periodo de contactos permita “acercar posturas e intentar buscar un acuerdo para solucionar este conflicto” y, en consecuencia, resolver la huelga que, el pasado domingo, cumplió doscientos días.

En estos momentos, estas mismas plantas se encuentran bajo otro expediente temporal de regulación de empleo, que comenzó en abril y finaliza el día 10 de este mes, con una reducción máxima del 60% de la jornada, y que afecta a 521 operarios del Grupo: 397 de las fábricas de TTI en Llodio y Amurrio, que es donde se fabrican los tubos, y otros 124 correspondientes a Aceralava, la acería de Amurrio.

Sin cambios en torno al ERE

Con todo, el gran caballo de batalla es el citado expediente de regulación de empleo (ERE), que contemplaba el despido de 129 trabajadoras y trabajadores (95 despidos, y 34 bajas y prejubilaciones), que fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el pasado 6 de julio y, por tanto, obligaba a la dirección a readmitirlos. Y es que la incertidumbre se sigue cerniendo sobre ellos, ya que la empresa ha optado por seguir adelante con el recurso presentado ante el Tribunal Supremo español, porque es “su legítimo derecho a la tutela judicial efectiva”, y desde entonces no ha habido acercamiento de posturas entre ambas partes.

De aquí que la negociación del ERTE recién iniciada ayer sea vista como una nueva oportunidad para insistir en la retirada del recurso, que se acepten las sentencias y se readmita a los trabajadores afectados, y que se meta a la totalidad de la plantilla en la nueva reducción y se redistribuyan las jornadas para, al menos de forma temporal, arreglar la situación.

Desde el Comité entienden que el recurso judicial sigue “su cauce” y les consta que la dirección, tras conocer las sentencias del TSJPV, ha ido dando de alta a los despedidos pero los mantiene en sus domicilios, sin reincorporarlos a los puestos de trabajo, tal y como ya anunció que iba a hacer, hasta conocerse la nueva sentencia, que puede tardar del orden de un año. En la próxima semana se sabrá si la negociación del nuevo ERTE es o no aprovechada para poner fin a los más de seis meses de parón de máquinas que ha provocado este conflicto laboral.