Una vez cerrado el frente más complejo, los números del acuerdo, las administraciones vascas dieron ayer el primer paso para la aprobación de la nueva Ley de Aportaciones, el instrumento que reparte los ingresos fiscales de las haciendas forales en el entramado institucional de Euskadi.
El Consejo Vasco de Finanzas aprobó el proyecto, que ahora será enviado al Gobierno vasco para que continúe su tramitación. Conocidas las claves económicas, la reunión de los tres diputados generales, la Asociación de Municipios vascos (Eudel) y el consejero de Hacienda tuvo un marcado acento político. No tanto por su contenido, sino por la capacidad de entendimiento que han mostrado las diputaciones y el Gobierno en la negociación y que tuvo reflejo en las intervenciones ante la prensa.
La nueva Ley de Aportaciones reforzará el papel de las administraciones vascas en el escenario de salida de la crisis. El próximo año es el de la consolidación de la recuperación y ayuntamientos, diputaciones y Gobierno vasco contarán con un instrumento que dará "solidez y mayor certidumbre" a sus presupuestos.
Esa fue la reflexión que realizó el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, nada más concluir la reunión. También destacó la cintura que han tenido los protagonistas en un "momento crucial" en el que apoyar a las empresas en la reactivación de la economía y la generación de empleo es el principal reto del sector público.
"Hemos sido capaces de tener la suficiente altura de miras como para hacer prevalecer el bienestar de la ciudadanía vasca frente a cualquier otra cuestión. La nueva Ley de Aportaciones es resultado de una intensa colaboración interinstitucional. Una colaboración sincera y leal, y un trabajo conjunto que hoy ha dado sus frutos", destacó.
Como avanzaron el Gobierno vasco y las tres diputaciones la semana pasada, la nueva Ley mantiene los actuales coeficientes horizontales e incrementa el coeficiente vertical del 70,04% al 70,81%. Además, el límite máximo del Fondo aumenta hasta el 1,45% de los recursos y establece un porcentaje mínimo del 39,23% en la participación de las entidades locales en los tributos concertados.
