- A la tercera fue la vencida y tras dos intentos fallidos por cuestiones procedimentales o de plazo, el Congreso de los Diputados dio ayer luz verde a la tramitación de la iniciativa para la creación de un fondo de compensación para las personas que han estado en contacto con el amianto durante su vida laboral. La Cámara Baja, con la única abstención de Vox, hizo suya de esta forma la Proposición de Ley aprobada por unanimidad en el Parlamento Vasco en 2019, y por la cual se reclama al Estado la articulación de un fondo que indemnice a los afectados sin tener que esperar a los largos procesos judiciales a los que se enfrentan en estos momentos.

Se trata con todo de una primera victoria, porque ahora será necesario redactar y aprobar la ley. El siguiente paso será dotar de recursos económicos al fondo y después distribuirlos entre los trabajadores enfermos. Por ello, la parlamentaria del PNV, Maitane Ipiñazar, pidió a los grupos que agilicen los trabajos y aprovechen la labor ya desarrollada en legislaturas anteriores y que todas las personas afectadas pueda verse “recompensadas y reconfortadas”.

“Hablamos de un asunto grave de salud que requiere de una respuesta urgente. Por eso, esperamos que más allá de la toma en consideración, esta iniciativa pueda tener éxito, y eso, señorías, estará en sus manos. En lo diligentes que sean para aprovechar el camino ya recorrido y avanzar sin pausa, porque esta deuda la tenemos pendiente desde hace mucho tiempo, y con muchas víctimas que se han quedado en el camino. No vayamos otra vez tarde y mal. Se lo debemos. Es de justicia”, reivindicó desde la tribuna del pleno.

Ipiñazar fue una de las tres parlamentarias de la Cámara vasca que defendió ayer en Madrid la propuesta gestada en Euskadi.

Junto a ella, también intervinieron Eba Blanco de Angulo (EH Bildu) y la socialista Gloria Sánchez Martín. En el transcurso del debate todos los partidos se alinearon con la propuesta y anunciaron que votarían a favor. Solo Vox se abstuvo con un argumento que afila su estrategia centralista. Su portavoz aseguró que el Parlamento Vasco quiere crear un “chiringuito” sin “poner ni un duro” y “nos largan el muerto al resto de los españoles”.

Ahora la pelota está en el tejado del Congreso y por ello Maitane Ipiñazar insistió en pedir que se acorte al máximo la tramitación parlamentaria. “Confiamos -subrayó-, que los grupos trabajen con responsabilidad y sitúen este asunto entre sus prioridades”.

Durante su intervención, tras agradecer a Asviamie (Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi) su tesón a la hora de visibilizar este problema, Eba Blanco de Angulo expuso desde la tribuna las cifras que ha dejado este “silencioso asesino”. Un total de 825 personas han perdido la vida en Hegoalde desde 1999 por enfermedades relacionadas con el Amianto y 6.961 lo han hecho en el conjunto del Estado. También lamentó los “vetos y cambios de criterios” que han retrasado la formación del fondo, que tiene detrás “diez años de trabajo en Euskadi y luego aquí”.

Por su parte, Gloria Sánchez pidió a los grupos del Congreso que tuvieran en cuenta dos cuestiones a la hora de votar: los trabajadores que se han visto afectados y los que pueden hacerlo en el futuro y el valor del acuerdo. “No es justo que no se hayan defendido sus derechos y que los hayan tenido que defender en los tribunales”, indicó Sánchez en referencia a los afectados. Del mismo modo, “tampoco es justo para las empresas que tengan que hacer frente a indemnizaciones cuando el marco legal permitía el uso del amianto” en su momento.