- El Gobierno acepta las exigencias de la patronal y anuncia que potenciará todavía más de lo anunciado el sector privado mediante la eliminación de las trabas burocráticas para que los fondos europeos lleguen a manos de los empresarios. Para ello, creará una nueva figura y tomará medidas para eliminar “cuellos de botella” y agilizar trámites administrativos. En la reunión mantenida hoy con el diálogo social para exponer el plan, los sindicatos CCOO y UGT defendieron el acuerdo y negaron que la aplicación de las ayudas de Bruselas esté ligada a mantener reformas previas, como la laboral o la de las pensiones.
Según informaron desde Moncloa, así se trasladó a los agentes sociales en la reunión mantenida ayer para constituir la mesa de diálogo social para la recuperación, la transformación y la resiliencia que busca mantener informados a patronal y sindicatos sobre el Plan de Recuperación que se prepara y se negocia con la Comisión Europea. Sobre las iniciativas para potenciar el papel del sector privado en el uso de estos fondos, el Gobierno trasladó que ultima un real decreto-ley con medidas “para eliminar los cuellos de botella, reducir trámites, controles e informes innecesarios y acortar plazos administrativos”.
Junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la constitución de la mesa ha estado la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, así como la de Transición Ecológica, Teresa Ribera; la de Hacienda, María Jesús Montero; la de Educación, Isabel Celaá; la de Trabajo, Yolanda Díaz; la de Industria, Reyes Maroto y el de Inclusión, José Luis Escrivá. Por parte de los agentes sociales acudieron al encuentro el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el presidente de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Gerardo Cuerva.
El secretario de CCOO, Unai Sordo, valoró la voluntad del Gobierno de establecer un marco permanente de diálogo social para conocer y escuchar las propuestas de los agentes sobre cómo canalizar los recursos europeos y poder aportar a las modificaciones legislativas que plantea, como sobre la ley de contratos públicos. Por su parte, el líder de CCOO subrayó que la llegada y el uso de estos fondos “no están ligados a la posición de no mover reformas” como la laboral o la de pensiones, y que así se lo trasladó al Gobierno aunque, reconoció, este punto no ha sido parte del debate de este lunes. “Es una discusión que habrá que abordar en mesas de diálogo social en próximos días”, apuntó.
En la misma línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló que “en los próximos días” se retomarán el calendario de diálogo social que quedó paralizado en marzo a raíz de la pandemia con las mesas sobre empleo y formación o de industria. Álvarez también insistió ante los medios en ese mensaje de que la llegada de los fondos no está condicionada a no poder hacer cambios en la reforma laboral o de las pensiones. En declaraciones tras la reunión, Calviño subrayó que el encuentro de hoy “se ha destinado a hablar de futuro” pero que, “en ningún momento cabe plantear condicionalidad” de estos fondos “en reformas y menos del pasado”.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, explicó que en esta reunión han puesto en común las ideas e iniciativas que tanto desde el Gobierno, como desde los sindicatos y la patronal proponen para la mejor aplicación de los fondos europeos. En concreto, Garamendi propuso cambios en los contratos del Estado y en subvenciones, así como reducir la burocracia o una serie de proyectos tractores y un plan integral en la industria, que debe pasar a ser “el 20% del producto interior bruto (PIB)” para generar empleo “estable, indefinido y seguro”.
Por último, el presidente de la patronal de las pymes Cepyme, Gerardo Cuerva, ofreció la colaboración de las pequeñas y medianas empresas para llegar a “cualquier recóndito lugar de España” y “conseguir así transformar el tejido productivo”.
Minimizar la gestión administrativa. Atajar o minimizar los cuellos de botella que gestionen los trámites burocráticos de la derivación de los fondos europeos. De este modo, el dinero llegaría antes a manos de los empresarios.
Que las empresas decidan los plazos de aplicación. Acortar los tiempos de tramitación. Por ejemplo, anulando la obligatoriedad de que todos los procedimientos sean calificados de urgencia, para que las ayudas lleguen antes a las empresas y ellas gestionen cuándo aplicarlas.
El control ambiental, solo con ayudas previas. Hacer compatibles las imprescindibles medidas de control ambiental de determinados proyectos con la agilidad en la tramitación de las ayudas destinadas a llevarlos a cabo
Menos documentos garantes del derecho laboral. Excluir a las empresas de la garantía provisional y la generalización de las declaraciones responsables.
Eliminar la obligatoriedad de emplear más recursos digitales. Suprimir la exigencia de utilizar más medios electrónicos, como pretende la UE y el Gobierno español para emprender la impulsar la transformación digital mediante las ayudas.
Incentivar el sector privado. Impulsar la búsqueda en el sector privado de proyectos alineados con los objetivos de los fondos europeos mediante colaboración público-privada.
