madrid - Contar con unos nuevos Presupuestos para 2020, avanzar en medidas que permitan equilibrar el sistema de pensiones o fomentar un empleo de mayor calidad son algunos de los principales retos para el próximo año en el ámbito económico.
presupuestos del estado Después de un año con los Presupuestos de 2018 prorrogados, el reto más urgente pasa por elaborar unas cuentas públicas que permitan hacer frente a la desaceleración de la economía española, amenazada por un contexto internacional incierto. Las Cuentas deben conciliar el cumplimiento de las reglas europeas respecto a la reducción de la deuda y el déficit públicos con una política fiscal que estimule el crecimiento y corrija desigualdades, a través de unas políticas que tendrán que ser negociadas por un Ejecutivo en minoría.
sistema de pensiones La comisión parlamentaria de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo deberá consensuar sus recomendaciones para hacer sostenible el sistema público de pensiones, unas sugerencias que deberían haberse renovado hace tres años y que estuvieron a punto de cerrarse en febrero, lo que no fue posible por el adelanto electoral.
El Gobierno está a la espera de las recomendaciones del Pacto de Toledo antes de acometer una reforma que mejore los ingresos y ordene los gastos del sistema, toda vez que la reforma del PP de 2013 ha dejado de aplicarse, después de que las pensiones hayan vuelto a subir anualmente con el IPC y el factor de sostenibilidad para ajustarlas a la esperanza de vida haya quedado en suspenso.
mercado laboral Con una tasa de paro cercana al 14%, el reto en materia de empleo está en seguir creando puestos de trabajo, pero combatiendo la precariedad que conlleva la alta temporalidad (26,6%) y una tasa de empleo a tiempo parcial (14%) que es mayoritariamente indeseado y desempeñado por mujeres.
Las medidas para luchar contra esta situación requerirán del consenso con los agentes sociales (patronal y sindicatos), pero también del acuerdo dentro del propio Gobierno, ya que en un eventual Ejecutivo de coalición podrían chocar las posturas respecto a la derogación completa o solo de los aspectos más lesivos de la reforma laboral que hizo el PP en 2012.
cotización de los autónomos El Gobierno socialista se comprometió en la anterior Legislatura a regular en 2020 un nuevo sistema de cotización para los autónomos vinculado a sus ingresos reales, con el objetivo de que este colectivo pueda contar con mejores pensiones y con mayor protección frente al cese de actividad o a la incapacidad temporal.
La reforma implicaría no tener que hacer frente al pago de la cuota mínima mensual a la Seguridad Social (283,3 euros en 2019) si no se gana lo suficiente, pero también que quienes cotizan por debajo de sus ingresos se vean obligados a subir dicha cuota, ya que se estima que en torno a 8 de cada diez autónomos cotiza por la base mínima.
bankia El futuro de Bankia sigue en el aire, aunque el compromiso del Estado pasa por la privatización de la entidad, un proceso que se ha ido a alargando por la mala situación de los mercados y que podría verse influido por la entrada en el Gobierno de Unidas Podemos, que aboga por mantener la titularidad pública del banco. La clave está en qué momento llevar a cabo la operación y de qué forma, pues el anterior Gobierno se había fijado entre sus objetivos que el Estado, que controla aún más del 60 % de Bankia, saliera del capital de la entidad antes de que concluyera 2019.
financiación autonómica La Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas establece la revisión del modelo cada cinco años, aunque la última vez que se hizo fue para el periodo 2009-2013. Durante la conferencia de presidentes autonómicos de 2017 se acordó la creación de una comisión de expertos que constató que las autonomías están infrafinanciadas y que propuso darles un mayor margen fiscal, si bien la reforma del modelo sigue pendiente.
sector ferroviario El sector del tren afronta un ejercicio clave para que la liberalización de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril se haga efectiva a partir del 14 de diciembre de 2020, con la entrada de dos nuevos operadores que competirán con Renfe en los principales corredores de alta velocidad en España.
Los nuevos operadores preseleccionados, la francesa SNCF e Ilsa en alianza con Trenitalia, así como Renfe, deberán firmar un acuerdo marco con Adif y Adif Alta Velocidad (AV) antes del próximo 15 de marzo, fecha hasta la cual podrán incorporar nuevos socios a sus consorcios.
mantenimiento de las autopistas Está pendiente de retomar la creación de una subcomisión en el Congreso para analizar y acordar entre todos los grupos el futuro de la financiación de las vías de alta capacidad (autopistas y autovías). Esto podría pasar por extender el pago por uso a toda la red nacional, así como fijar la multimillonaria factura a la que deberá hacer frente el Estado en concepto de responsabilidad patrimonial por la quiebra de nueve autopistas, conocidas como las radiales.
energía El Gobierno debe continuar con las subastas de capacidad renovable para que acudan las empresas interesadas en desarrollar nuevas instalaciones de este tipo, al tiempo que se tienen que dar las condiciones para que esa energía eléctrica renovable llegue a la red.
También sigue a la espera la aprobación del Estatuto para el Consumidor Electrointensivo (empresas grandes consumidoras de electricidad), corregido después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considerase que algunos de los mecanismos incluidos para aliviar el coste de la electricidad a esas empresas podían incurrir en ayudas de Estado.
0,9%
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará una subida del 0,9% de las pensiones media para este año tras la investidura. Sin embargo, el principal objetivo en este ámbito es reformar el sistema para mejorar los ingresos de la Seguridad Social.
27%
La tasa de temporalidad de los contratos en España asciende a un 26,6%. Reducir ese porcentaje y frenar el empleo a tiempo parcial están entre los retos que debe asumir el nuevo Gobierno español.
Despliegue del 5G. La subasta de la banda de 700 megahercios, clave para el despliegue de la tecnología 5G, es uno de los retos que tendrá que afrontar el Gobierno en la primera mitad de 2020 en un contexto en el que las operadoras reclaman que se efectúe con criterios justos y no recaudatorios. Esta banda está ocupada actualmente por la Televisión Digital Terrestre, que tendrá que cambiar de frecuencias para dejarla libre antes del 30 de junio, tal como establece la UE, un proceso que ya ha comenzado.