Madrid - Los comercios están todavía poco preparados para el sistema de pagos que se debe implantar el próximo 14 de septiembre en virtud de la directiva conocida como PSD2, que hará más seguras para el cliente las transacciones mediante una sistema de doble autenticación. La directiva PSD2, por sus siglas en inglés, busca reducir el fraude en el pago con tarjeta aplicando dos elementos de seguridad diferentes, a elegir entre la posesión (de la tarjeta o del móvil), el conocimiento (un pin), y la inherencia (la huella digital o el iris, por ejemplo).

Se trata de una norma de carácter europeo traspuesta al ordenamiento español en 2018, cuyo reglamento de desarrollo establece el 14 de septiembre como fecha de implantación, si bien las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, consideran que será precisa una prórroga porque el 75% de los comercios que venden en internet desconoce la normativa, según un estudio de Mastercard. La doble autenticación del cliente será necesaria tanto para hacer pagos por internet como en comercios físicos, aunque se han establecido algunas excepciones en compras de importe reducido para agilizar este tipo de pagos. Será así, por ejemplo, en los pagos de peaje con aplicaciones como Vía T o aquellos otros por importes de menos de 20 euros. En estos casos el consumidor podrá hacer hasta cinco abonos sin autenticarse o hasta un límite de 150 euros en total.

La doble autenticación ya se hace en algunos casos, como cuando se tiene que añadir un pin al pagar con tarjeta, pero ahora se hará extensivo a todos, y desaparecerá la vía actual de confirmación de la compra con un código que recibe el usuario por sms porque no reúne ese requisito de demostrar dos veces la identidad.

La aplicación de la directiva supondrá una agilización de los pagos porque el cliente abona directamente a la tienda, como si fuera una transferencia directa. La directiva refuerza la seguridad para el cliente también en caso de uso no autorizado de sus tarjetas, porque rebaja de 150 a 50 euros la cantidad que debe asumir el consumidor si ha sido objeto de un fraude o robo. - Efe