madrid - La reforma laboral se retocará, pero no se derogará. El Gobierno central del PSOE tiene claro en esta fase de cierta interinidad que si algo funciona, caso de la economía, mejor no tocarlo. Parece que su gestión estará más basada en los gestos que en entrar a fondo en los temas de calado, como puede ser la modificación de una reforma laboral que, a costa del poder sindical, ha propiciado una mayor flexibilidad laboral y una devaluación salarial. Ambos elementos combinados han permitido recuperar competitividad a las empresas españolas. El Ejecutivo no entrará porque tampoco dispone de una mayoría parlamentaria suficiente para manejar una cuestión tan peliaguda.

Por si todavía alguien tenía dudas de la diferencia entre predicar y dar trigo y entre estar en la oposición o en el Gobierno, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, lo verbalizó de forma clara. “No es lo mismo estar en la oposición. Ahora tenemos más dosis de pragmatismo. Sabemos el peso parlamentario que tenemos”. Con esa frase, la ministra expresó la posición del Gobierno socialista, plenamente consciente de que no puede derogar unilateralmente la reforma laboral, al menos lo sustancial de la misma, a pesar de las duras críticas vertidas contra la misma antes de llegar al poder.

Esta renuncia a derogar la reforma laboral es la principal conclusión de la reunión que mantuvieron ayer los secretarios generales de los dos principales sindicatos españoles, CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que estuvo acompañado de la citada ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. En el transcurso de la reunión, los representantes sindicales pidieron al Ejecutivo, según Europa Press, que derogue las reformas laborales implantadas en los años 2010 y 2012, una petición que no fue atendida en la medida que esperaban los sindicatos. De hecho, Unai Sordo destacó que el Gobierno español se había mostrado “reservón”.

La propia Magdalena Valerio quiso matizar la valoración del dirigente sindical vasco señalando que en las filas socialistas no se había variado de opinión pero las matemáticas parlamentarias son las que son. En concreto, la ministra afirmó que, “más que reservón o que haya cambiado de criterio, en el Gobierno se tienen mayores dosis de pragmatismo porque conoce el apoyo parlamentario con el que cuenta”. Para profundizar más en el tema, Valerio señaló que “nos encantaría tener una mayoría parlamentaria, con 202 diputados como Felipe González en su día. Iríamos al 100%, pero tenemos una aritmética parlamentaria muy compleja”.

En todo caso sí se sentaron las bases en la reunión para intentar modificar los aspectos más lesivos de la reforma laboral para los trabajadores, en especial la excesiva precarización. La ministra transmitió que es partidaria de ir trabajando, entre todos los agentes sociales, en la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para ponerlo en marcha a partir del horizonte de 2020.

Un aspecto importante de la reforma laboral para Euskal Herria, territorio con una representación sindical muy diferente a la media española, es la prevalencia que la reforma permite de los convenios de empresa sobre los sectoriales o los estatales sobre los de ámbito vasco. Y en estos aspectos sí parece que se pueda dar una oportunidad de modificar algunos aspectos pues la ministra abogó por intentar alcanzar acuerdos puntuales pero “importantes” con los agentes sociales y con apoyo político, en temas, sensibles como la citada prevalencia de convenios sectoriales sobre los de empresa, la ultraactividad de los convenios o la lucha contra la temporalidad.

Cambios posibles Madgdalena Valeria señaló que “hay puntos en los que sí podríamos llegar a un consenso social y político. Podríamos trabajar en acuerdos importantes en materia de convenios”. En todo caso, los sindicatos tampoco solicitaron un cambio total que devolviese la normativa laboral al año 2009 sino que solicitaron “una reformulación de la reforma laboral hacía un modelo laboral más inclusivo y democrático”.

Los empresarios argumentaron su rechazo a un cambio brusco de la normativa laboral en base, entre otras cosas, a la complicación que supone para la vida de las empresas modificar las muchas normas, unas 7.000 indicaron, que dependen de la reforma laboral y no se puede dar marcha atrás así como así, afirmó el presidente de la organización empresarial Cepyme, Antonio Garamendi.