GASTEIZ - El Gobierno Vasco ya tiene a punto el anteproyecto de la nueva Ley de Cooperativas. En la nueva normativa se ha tenido en cuenta las situaciones generadas durante la crisis de Fagor Electrodomésticos, tal y como ya anunció en su día el lehendakari, Iñigo Urkullu. Entre los cambios normativos se incluye el aumento del 25% al 30% en todas las cooperativas del límite del trabajo no cooperativo, el prestado por asalariados no socios en la sociedad en cuestión. Así como que los administradores de las cooperativas podrán a partir de la aprobación de la futura norma ser cargos remunerados.
El Gobierno Vasco y las cooperativas de la Comunidad Autónoma Vasca han logrado un consenso respecto a la nueva ley que regirá un sector con gran importancia en el País Vasco. Según la consejera de Trabajo, María Jesús San José, cuyo Departamento ha liderado el trabajo, la futura Ley de Cooperativas de Euskadi tiene como objetivos principales “dotarlas de seguridad jurídica y de elementos de flexibilidad eficaces para su sostenibilidad empresarial”.
Según la consejera, la nueva ley va a garantizar a las cooperativas vascas la capacidad de poder adaptarse a las modernas coyunturas y mercados en los que tienen que competir, con otras sociedades mercantiles como las S.A. (sociedades anónimas) en constante desarrollo y adecuación.
La aspiración del sector, y el propio Gobierno Vasco quiere contribuir a ello, es que las cooperativas -un ejemplo de economía social- puedan “seguir siendo globales en un mundo en permanente cambio”, destaca María Jesús San José. Los elementos esenciales que definen a una sociedad como cooperativa permanecen inalterados en la nueva normativa pero intenta adaptarse a la realidad del siglo XXI y de los mercados globalizado.
Los principales cambios tiene la finalidad, por ejemplo, de regular con más precisión la utilización de la fórmula cooperativa, evitando su instrumentalización interesada, algo que está pasando a veces con las cooperativas de vivienda o de transporte. También, y este es un punto clave a la luz de ciertas situaciones de quiebra, se quiere incrementar la seguridad jurídica respecto de la responsabilidad de los socios en relación con la imputación de pérdidas, cuestión muy debatida tras la crisis de Fagor Electrodomésticos en el Grupo Mondragón.
Otro aspecto que se destaca es el relativo a precisar los deberes y la responsabilidad de los administradores de las cooperativas hasta el punto que se incluye una peculiar aclaración por el que se hace responsables de la gestión a los administradores de hecho, aunque no estén nombrados oficialmente.
La nueva norma también facilita las modificaciones estructurales como la escisión y la segregación, o la transformación de una cooperativa en, por ejemplo, una sociedad anónima, a la vez que se ajusta la normativa cooperativa a las innovaciones introducidas por la normativa sobre contabilidad y auditoría de cuentas.
Uno de los puntos novedosos en las cooperativas de servicios es el que permita a una cooperativa aumentar del 25% actual al 30% el nivel de trabajo del personal asalariado no cooperativista.
La consejera de Trabajo María Jesús San José transmitió a los grupos políticos con representación en el Parlamento Vasco el anteproyecto de Ley de Cooperativas, de manera que a finales de este año pueda salir adelante si todo sigue el curso normal visto elevado grado de consenso alcanzado con el sector y la implicación de las tres universidades de la CAV: UPV, Deusto y Mondragón que, según el Ejecutivo, han aportado “unos fundamentos sólidos de debate y discusión en la modernización del derecho cooperativo vasco”.
Para la representante del Ejecutivo vasco, el sector cooperativista en Euskadi tiene un peso específico notable pues emplea a más 56.000 personas repartidas en cerca de 3.000 compañías, lo que representa el 6,5% del tejido productivo de la comunidad autónoma. La consejera San José reiteró el compromiso del Gobierno Vasco en “contribuir a incrementar el empleo cooperativo por tratarse de un sector que es un referente de este modelo empresarial a nivel mundial gracias a su apuesta por el binomio “rentabilidad-solidaridad”.
Cobrar. Los administradores en el ejercicio de su cargo podrán tener remuneración.
Asalariados. En las cooperativas de trabajo asociado se eleva del 25% al 30% el trabajo prestado en la empresa por trabajadores asalariados no cooperativistas.
Responsabilidad. En caso de pérdidas se aclara que la cooperativa responderá por las deudas sociales con todo su patrimonio presente y futuro y ratifica que las personas socias no responderán personalmente de las deudas sociales, pues estará limitada a las aportaciones al capital social suscritas.
6,5%
el sector cooperativo en la CAV emplea a más de 56.000 personas y cuenta con cerca de 3.000 empresas que representan entorno al 6,5% del tejido productivo vasco.
