“Sería una satisfacción poder decir: ese dinero era de Martín, le correspondía”

El amianto es una lacra de la que se habla poco. “No me comparo con alguien que ha sufrido el terrorismo, eso tiene que ser terrible, pero yo también soy víctima”, dice Aurora, y recuerda que ha habido casos de mujeres de trabajadores expuestos que también han desarrollado un cáncer por lavar la ropa de trabajo del marido.

Por fortuna ella está bien de salud. No es ese el caso de Felipe Cuñado, que atiende a este diario desde su domicilio de Zumarraga. Trabajó más de 30 años en una fundición ya desaparecida que estaba plagada de amianto. Hace tres años le dijeron que tenía cáncer de pulmón. “Me dieron entre seis meses y cinco años de vida y voy por el tercero. Que se pongan en nuestro lugar. No ha sido nuestra culpa, solo íbamos a trabajar. Ya que la salud no nos la van a devolver al menos que lo poco que nos quede de vida nos lo hagan más llevadero”.

Como Aurora y Felipe, Agurtzane Gainza ha estado estos días muy pendiente de los medios de comunicación y de ese primer paso que se ha dado en el Congreso en favor de las víctimas del amianto tras décadas de olvido institucional. Su marido, ebanista, falleció en noviembre por un mesotelioma pleural. Como en tantos otros casos, no hay empresa a la que reclamar. La carpintería en la que trabajaba, en Donostia, cerró en 1992.

“Más allá de la cantidad que nos den se trata de que haya un reconocimiento. Que a las personas que hemos sufrido por esto se nos recompense de alguna manera”, reclama, mitad esperanzada mitad escéptica sobre el resultado final de la proposición de ley trasladada a Madrid por el Parlamento Vasco. De momento la propuesta ha pasado el primer examen con nota ya que recibió un respaldo generalizado por parte de los grupos políticos del Congreso, con la sola excepción destacada del PP, que se abstuvo.

Ahora se abre un periodo de enmiendas en el que probablemente se modulará la idea inicial, aunque en principio hay una mayoría suficiente para que el proyecto de fondo de compensación estatal cristalice con ciertas garantías. Se propone que el fondo se alimente de aportaciones de empresas, mutuas y trabajadores, aunque también se deja abierta la entrada de recursos vía presupuestos. Lo más importante, teniendo en cuenta el estado de salud de los afectados y la edad de muchas viudas, es que se fija un plazo de seis meses para que las víctimas cobren una indemnización.

“él no quiso moverlo” “En mi caso me ayudaría mucho, sí. Tengo una pensión de viudedad que mejoró algo cuando se reconoció la enfermedad profesional pero no he tenido ninguna indemnización”, dice Agurtzane. “Él no quiso moverlo, ya sabes, estaba enfermo y no tenía ganas”, recuerda. Fue cuando murió su marido, en noviembre, cuando Agurtzane acudió a los tribunales. En junio el juez ha reconocido que a Luis le mató el amianto con el que trabajó en la carpintería. La pensión de Agurtzane ha aumentado pero no hay nadie a quien pedir indemnización.

¿Dónde hay amianto en una carpintería? La duda no sorprende a Agurtzane porque ella misma se lo preguntó la primera vez. “Los radiadores antiguos solían cubrirse con madera. Para que no se quemara la madera parece ser que pegaban por dentro unas láminas de amianto que ellos cortaban ahí”, explica. “Cuando el médico me preguntó si mi marido había trabajado con amianto me quedé a cuadros. Le dije, no sé, pregúnteselo a él. Y él dijo que sí. Nunca me lo había dicho pero sí, había andado con amianto”.

En cambio, Aurora no duda de dónde estaba el amianto que mató a su marido. “Si alguien tenía amianto era Martín. Trabajó en varias empresas de montaje, muchos años en la Sefanitro de Astrabudua donde estaban todos los ácidos y todo lo peor que había”, evoca con contundencia. “Es más, es que no puede haber sido solo él. Tiene que haber otros compañeros que estén mal. En su día estuve buscando compañeros para ver si alguno daba la cara y se escondían. Nadie quiere mostrarse ante la gente como un enfermo”, lamenta.

Crítica con las instituciones y los políticos -“nunca se han querido involucrar”, se queja-, Aurora confía en que el paso que se ha dado en el Congreso sirva para que la opinión pública se sensibilice con el amianto. “Es que ni los afectados hablan abiertamente de ello. Igual si estamos cuatro personas de la asociación sí lo hablamos, pero viene un quinto de fuera y ya hay más precaución. Este es un problema que afecta a mucha gente. Y Jesús -por el sindicalista Jesús Uzkudun, que lleva años abanderando esta lucha- y la asociación hacen mucho pero necesitamos tener más voz”, exige.

A su marido, Martín, le dieron la incapacidad absoluta con 47 años por “un cargazón de espalda”. “No le dijeron nunca jamás que era amianto. En los informes médicos sí consta la palabra amianto pero directamente nunca se lo dijeron”, recuerda Aurora, que enseguida sospechó que Martín tenía derecho a cobrar algo más. “Yo le decía, Martín, la pensión que te ha quedado no está bien. Pero él se aceleraba, se fatigaba. Y, claro, ya estaba con oxígeno y por evitarle esas fatigas...”. Cuando enviudó, Aurora quiso pelear y conseguir que se hiciera justicia. “Se convirtió en una cosa de narices. Me lo tienen que reconocer. Me tocó pelear para conseguir la vida laboral de Martín y los informes de Cruces. No querían soltarlos. Les dije llamáis a quien queráis pero a mí me dais los informes. Y me los dieron”, dice con cierto orgullo.

Ahora tiene una pensión “modesta” y asegura que si a través del nuevo fondo obtiene una indemnización lograría “algo de soltura de vida”. Pero coincide con Agurtzane en que, más que lo económico, lo importante es ver reconocido un derecho. “La satisfacción de poder decir, mira, eso era de Martín, le correspondía. Si me corresponde uno, que no me quiten medio”, dice antes de mirar al futuro y al amianto que todavía queda “en todas partes”. “Hay en fachadas, tuberías... Lo tienen que quitar ya, es que van a seguir saliendo casos”, advierte.

Según la proposición de ley que tramitará el Congreso, entre 1994 y 2008 han fallecido en el Estado español 3.943 personas a causa del amianto. Se espera que afloren muchos más casos durante la próxima década ya que su uso se concentró en los años 80 y 90. España prohibió el uso del amianto en 2002 a pesar de que médicos y expertos ya advertían de sus consecuencias veinte años antes.

“Los gobiernos sabían lo que nos estaban haciendo. Quiero suponer que los inspectores de trabajo no sabían con qué productos estábamos trabajando en Sarralde. Si es así, menudos inspectores. Y si lo sabían y callaban pues peor. En cualquier caso quedan en mal lugar”, dice Felipe, al que gracias a los controles le pudieron extirpar a tiempo la mitad de un pulmón afectado, aunque el amianto le ha alcanzado también el otro pulmón. “Como sabían que el cáncer iba a salir al de 25 o 30 años les daba igual. Decían, bueno, se morirá de un cáncer de pulmón pero como ha fumado pues se dirá que es de eso y ya está”, continúa.

“El fondo es importante, sí. Si no se ha hecho antes ha sido por la cerrazón del PP. Yo necesito una vida tranquila y tengo unos gastos. Ya no puedo hacer ejercicio, no puedo ir al monte, en cuanto subo una cuesta me fatigo. Imagínate la cabeza. Aunque quieras ser positivo cuando ves a tus nietos piensas que no sabes si los verás crecer. Esa incertidumbre es dura”, concluye.

Iniciativa vasca. La proposición de ley trasladada al Congreso para constituir un fondo de compensación para enfermos y familiares de afectados por amianto parte del Parlamento Vasco, donde la iniciativa contó en un principio con el apoyo de todos los grupos.

Admisión a trámite. El martes el Congreso aceptó la proposición de ley con el apoyo de la mayoría de grupos salvo el PP, que se abstuvo -no participaron en el pleno los partidos catalanes-. Se da un plazo de seis meses para que los afectados sean indemnizados.

3.943

En la propia proposición de ley se recoge que el número de muertes en el Estado por amianto solo entre 1994 y 2008 rozó las 4.000.