DONOSTIA. El portavoz de Asviamie, Jesús Uzkudun, ha hecho esta petición en Donostia, durante la concentración desarrollada por la asociación frente al Palacio de Justicia bajo el lema "El amianto mata".
La protesta se ha desarrollado coincidiendo con la celebración de un juicio, en el juzgado de lo Social número 4, para analizar la demanda por daños y perjuicios contra la antigua fundición Victorio Luzuriaga, actual Fagor Ederlan S.Coop., interpuesta por la familia de Ángel P., fallecido en julio del año pasado por un cáncer pleural reconocido como enfermedad profesional por el INSS.
Según ha explicado Uzkudun, Ángel P. trabajó desde 1966 en Vitorio Luzuriaga, durante 29 años en la sección de machería de la planta de Pasaia, donde se hacían los moldes con planchas de amianto, y después, 4 años más en la factoría navarra de Tafalla, donde trasladaba piezas calientes del monde con manoplas de amianto.
Uzkudun ha precisado que, en este caso, se consiguió el reconocimiento de enfermedad profesional y las pensiones derivadas de la misma, pero la familia reclama una indemnización a la empresa de 184.000 euros en concepto de daños y perjuicios por "el incumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad que estaban vigentes en la legislación de entonces".
El portavoz ha indicado que el cobro de indemnizaciones constituye un problema para los afectados, porque "hay muchos casos en que las empresas son pequeñas y no pueden afrontarlas o han desaparecido y ya no hay a quien reclamar".
Por ello, ha considerado fundamental la creación de un fondo de compensación a las víctimas, con dinero público y de las empresas, de manera que "todos" los afectados reciban una indemnización por los daños causados durante tantos años de incumplimiento de la normativa, en lo que "el Estado también tiene responsabilidad".
Uzkudun ha deseado, en ese sentido, que el debate sobre la constitución de un fondo de esas características, previsto en el Congreso de los Diputados para el próximo octubre, se desarrolle y culmine con su creación, de forma que los afectados o sus familias reciban lo estipulado y se evite así "todo el sufrimiento" que conlleva pasar por "esta tortura judicial".
