madrid - El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por Popular el año pasado se cerró el viernes con la salida de 2.592 trabajadores, tres semanas después de que la entidad fuera sometida a un proceso de resolución y, posteriormente, vendida a Santander.

En el marco de su proceso de reestructuración, en un principio la entidad anunció su intención de reducir la plantilla total del banco, que ascendía a unos 14.935 empleados, en unas 2.900 o 3.000 personas, lo que suponía un 20% del total de trabajadores. Esta cifra quedó finalmente reducida a 2.592 empleados, el 17% del total.

Concretamente, 1.127 trabajadores menores de 55 años salieron de la entidad por baja indemnizada o voluntaria. Del resto, cien eran empleados de entre 55 y 57 años, 200 de entre 58 y 59 años y 1.165 de edades comprendidas entre los 59 y los 61 años. Los mayores de 55 años abandonaron el banco en procesos de prejubilación en función de sus carreras de cotización.

Además, el ERE del banco, presidido por Ángel Ron en el momento en que fue presentado, contemplaba el cierre de unas 300 oficinas del total de 2.093 sucursales con las que contaba la entidad, de forma que desapareció el 14% de su red comercial.

El cierre de este expediente se produce semanas después de que la entidad haya sido adquirida por Santander en el marco de su proceso de resolución. Popular, a cuyos mandos se encuentra ahora el presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, inició el pasado 7 de junio un proceso de integración en el banco presidido por Ana Botín, que se prolongará durante unos dos años.

En el marco de este proceso, la dirección de la entidad todavía no ha tomado una decisión sobre el futuro de su plantilla en España, ahora compuesta por más de 30.000 personas; y de su red comercial, que tras la compra incluye las 1.779 oficinas de Popular.

sin propuestas Por ahora no existe ninguna propuesta sobre la mesa para los trabajadores por parte de la dirección del banco, según explicaron fuentes sindicales, que desde que se inició el proceso han manifestado en todo momento su exigencia de que se garantice el empleo.

Por otro lado, el Consejo de Administración del Popular acordó el viernes buscar socios para vender una cartera de activos adjudicados y créditos inmobiliarios morosos por un valor bruto de 30.000 millones de euros aproximadamente, según confirmó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata de una de las mayores carteras de activos tóxicos puestas a la venta en España y una de las carteras de activos tóxicos más grandes de Europa.

Para llevar a cabo este proceso, la entidad ha contratado como asesora Morgan Stanley. Este banco de inversión será el encargado de recibir todas las ofertas y organizar una especie de subasta coordinada para ir deshaciéndose de estos activos al mejor precio posible. En esta cartera se incluyen hoteles, solares, promociones a medio construir y ya construidas, y una amplia cartera de pisos. - E.P./D.N.