MADRID - No parece que vaya a llegar a mayores, pero la imputación en Grecia de un funcionario español que participó en las privatizaciones en ese país ha abierto una crisis entre ambos gobiernos. Pendientes del pago de 8.500 millones de euros al país heleno y después de que el Eurogrupo alcanzara un acuerdo para su desembolso, el ministro de Economía, Luis de Guindos, amenazó ayer con usar el veto y bloquear el pago, si no se hace “todo lo posible y lo imposible” para que se desimpute al español.
El Gobierno griego respondió que hará “lo necesario” para resolver el problema, en el que también están implicados otros dos europeos. El propio Mariano Rajoy añadió más presión al Ejecutivo de Alexis Tsipras. Tras reunirse en París con Emmanuel Macron y calificar de “muy positivo” el acuerdo para desbloquear el siguiente tramo del rescate de Grecia, Rajoy expresó su confianza en que las autoridades griegas resolverán esta situación “inaceptable”.
El funcionario español redactó junto a un colega italiano y otro eslovaco un informe no vinculante sobre un proyecto griego de este fondo que terminó arrojando pérdidas millonarias, lo que llevó a un grupo de abogados griegos a presentar en 2015 una demanda por haber actuado de “mala fe”, a la que se sumó el Gobierno heleno. - DNA
